El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha entregado al juez Fernando Grande-Marlaska un informe que avala la declaración que realizó el pasado día 14 de abril en la Audiencia Nacional, en la que manifestó que el avión Yakovlev-42 que se estrelló en 2003 no reunía las condiciones de seguridad necesarias para volar y que los altos cargos del Ministerio de Defensa e incluso el gabinete del entonces ministro Federico Trillo pudieron tener conocimiento de las quejas que existían sobre estos aparatos, informaron fuentes jurídicas.

El informe, que Bono se comprometió a entregar al juez para corroborar su declaración judicial en la causa que investiga las irregularidades que pudieron producirse en la contratación del aparato, está formado por los documentos del Ministerio de Defensa que acreditan que antes de que se produjera el accidente existía un malestar elocuente entre los militares españoles, lo que se tradujo en un total de 18 quejas que llegaron al Estado Mayor Conjunto (EMACON).

En ellas se ponían de manifiesto las condiciones que presentaban los aviones que Defensa estaba contratando a compañías de antiguas repúblicas ex soviéticas, como el Yakovlev-42 siniestrado, que la agencia de la OTAN Namsa subcontrató a la ucraniana UM-Air a través de la intermediaria Chapman Freeborn.

Quejas al gabinete de Trillo

Entre los documentos entregados al juez también figura la queja formulada en abril de 2003 por el teniente coronel Marino, del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET), que pudo llegar al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) e incluso al gabinete del ministro Federico Trillo, según declaró Bono. Este informe denunciaba las condiciones de habitabilidad del avión y que una parte de la carga no viajaba amarrada.

El ex ministro de Defensa también señaló al juez que el informe elaborado por el Mando Aéreo de Levante (MALEV) en el que se incluyeron dos partes de incidencia sobre aviones Tupolev e Illushyn llegó por fax al Ministerio tras pasar por el gabinete del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) y el Centro de Coordinación de la Defensa (CECOD). Asimismo, apuntó que, según sus informes, en el vuelo en el que se produjo el accidente se cometieron un total de 22 irregularidades.

Según fuentes de las defensas de las familias de las víctimas, la documentación acreditada por Bono también pone de manifiesto el derecho que tenía España para revisar los aviones en los que se desplazaban las tropas, las averías o irregularidades que prohibían despegar legalmente al Yak-42 y las ocultaciones y manipulaciones que supuestamente se realizaron en los contratos del aparato.

Mayor catástrofe en tiempos de paz

El accidente del Yakovlev-42, que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), causó la muerte de 62 militares españoles y 12 miembros de la tripulación, convirtiéndose en la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

Los familiares de las víctimas representados por el abogado Leopoldo Torres solicitaron el pasado 30 de abril la imputación de 20 personas en relación con esta causa, entre las que se encuentran 14 militares a los que se acusa de homicidio por omisión y malversación de caudales públicos.

Entre ellos se encuentra la cúpula militar en el momento del accidente: el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general almirante Antonio Moreno Barberá; el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el teniente general Luis Alejandre Sintes; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), el teniente general, Eduardo González-Gallarza Morales; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), el general de División, Juan Luis Ibarreta Manella.

También por el mismo delito de homicidio por omisión pide la imputación de cuatro civiles como el jefe del departamento de carga de la sucursal en Barcelona de la contratista Chapman Freeborn, Sergio Núñez-Cacho Solans, o el gerente del departamento de Operaciones en Barcelona de la misma compañía, así como otros dos militares a los que consideran autores de sendos delitos de falsedad documental.

La Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42, que está representada por el letrado Leopoldo Gay, aún no ha presentado su escrito al juzgado, según confirmaron hoy fuentes jurídicas. Una vez que estén presentados todos los escritos, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, se pronunciará sobre las posibles imputaciones.

Archivos revocados

La causa relativa a la contratación del aparato fue archivada por Grande-Marlaska el 1 de junio de 2007. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal Audiencia Nacional le ordenó el 22 de enero pasado reabrir las investigaciones.

Por otra parte, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional también revocó el pasado 29 de abril segundo archivo dictado por Marlaska, el 22 de noviembre, sobre el sumario relativo a las falsas identificaciones de las víctimas.

Ese mismo día, el magistrado transformó las diligencias en procedimiento abreviado, previo a juicio oral, y dio diez días de plazo a las acusaciones para que entreguen su escrito de acusación, contra el general Vicente Carlos Navarro, el comandante José Ramón Ramírez, y el capitán Miguel ngel Sáez, imputados por un delito de falsedad documental.