El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, anunció que los 176.600 euros que costó la gala de presentación del proyecto Gran Scala en diciembre, organizada en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, es "lo único" que habrá perdido el Gobierno de Aragón si finalmente este complejo de ocio y juego no se instala en Los Monegros.

Biel compareció ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, a petición de IU y del PP, para explicar las gestiones del Gobierno para la instalación en Los Monegros de este proyecto cuyos promotores, la sociedad International Leisure Development (ILD), firmaron un protocolo con el Ejecutivo autonómico el pasado 12 de diciembre en un acto que supuso un desembolso de 176.600 euros por parte del Ejecutivo, según adelantó.

Ante las dudas expresadas por el portavoz popular, Antonio Suárez, quien se preguntó por la existencia de negociadores "externos" al Gobierno aragonés posiblemente implicados con el mundo del "espionaje", el vicepresidente insistió en que éste es un proyecto sin "especulación", sin "intermediarios" y sin "urbanismo".

Es decir, que los terrenos que se adquieran "sólo" podrán servir para el proyecto Gran Scala; que las gestiones para la instalación del proyecto "sólo" las hacen miembros del Gobierno aragonés, y que el proyecto no incluye nada que tenga que ver con el urbanismo, en cuanto a que no está prevista la construcción de viviendas.

Biel dijo que hablar de "espías" en relación con Gran Scala no ayuda "para nada" al proyecto y sólo sirve para amplificar asuntos "con mucho morbo", pero Aragón, ironizó, no es "Aquí hay tomate".

Las gestiones que ha hecho el Ejecutivo son "las justas y precisas", apuntó Biel quien añadió: "ni una más ni un a menos" y el Gobierno no ha firmado ningún compromiso firme hasta que llegue el "momento crítico" del proyecto, que será el de la adquisición del suelo por parte de los promotores.

Lo "único" que preocupa a Biel del proyecto en este momento es "lo que no está pasando", es decir, que no se compran los terrenos, algo que pondrá fin al problema y los rumores cuando se produzca.

Insistió en que el Gobierno no es partidario de expropiar terrenos, aunque no negó que lo hará si es necesario, recalcó que se prefiere una ubicación con cuantos más propietarios mejor para tener "mayor respaldo social" e insistió en que el gobierno de Aragón "no podrá un euro para la adquisición del terreno".

Sin compromisos

El Gobierno, agregó, "quiere" que Gran Scala se realice y "no va a hacer nada que haga difícil su implantación", pero si no sale, al Gobierno no le habrá constado ni un euro ni deberá responder a ningún compromiso firmado.

Rechazó, una vez más, hablar de plazos para la adquisición definitiva de los suelos, y reiteró su confianza en la solvencia de los promotores que, dijo, han alquilado una oficina en la Plataforma Logística de Zaragoza, han constituido la sección española de ILD, han contratado a consultores y asesores y, sobre todo, están tramitando una ampliación de capital de cuarenta millones de euros, que será efectiva antes del 31 de mayo, de los que veinte servirán para comprar los terrenos.

Sí que reconoció que será necesario promulgar probablemente una "específica" para este tipo de proyectos, aunque no para este proyecto concreto, que podría denominarse, por ejemplo, Ley Reguladora de Centros de Ocio de Gran Capacidad.

Se trata, zanjó, de un proyecto "absolutamente limpio", basado en una idea de los promotores que van haciendo "sus ampliaciones de capital" hasta que "vayan al notario a comprar los terrenos".

Ante las denuncias de "opacidad" en la información, vertidas sobre todo por los representantes del PP e IU, Biel reconoció que quizá en este aspecto el Ejecutivo autonómico ha cometido un "fallo" y no ha estado "muy fino" y se comprometió a abrir una "línea caliente" con los grupos para trasladarles información si se entiende como un cauce "extraordinario e informal".

Suárez mostró su preocupación por la "trayectoria" de algunos de los socios de ILD y por el incumplimiento de "todos" los plazos, mientras que Chesús Bernal (CHA) incidió en que una vez conocidos algunos detalles de Gran Scala, este complejo de ocio "no se ajusta" a un modelo de desarrollo viable para el medio rural, mientras que estimó que la actuación del Gobierno de Aragón en este tema merece ser reprobada.

Barrena, cuyo partido se opone radical y frontalmente a Gran Scala desde que se anunció, mostró su desacuerdo con que las leyes tengan que cambiarse en función de los requerimientos de un proyecto concreto, cuando debería hacerse "al revés", y dudó que realmente haya un proyecto "serio" detrás de la idea de los promotores.