El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha asegurado hoy que el acuerdo alcanzado con el Estado por las mermas tributarias tiene una especial importancia porque sienta las bases para un futuro acuerdo bilateral sobre financiación entre Aragón y el Gobierno central, en la línea de lo que establece el artículo 108 del Estatuto de Autonomía.

Biel ha comparecido en el Pleno de las Cortes, a petición de Izquierda Unida, para explicar el acuerdo alcanzado con la ministra de Economía, Elena Salgado, en lo referente a las mermas tributarias que Aragón reclamaba para compensar la minoración de ingresos en los impuestos cedidos debido a decisiones unilaterales sobre tributos tomadas por el Gobierno de la nación.

El vicepresidente ha recalcado que el acuerdo podría haber sido mejor, en cuanto a su dotación, pero también ha dicho que da respuesta a un "asunto concreto" que establecía el Estatuto de Autonomía.

Y sienta "un precedente" en materia de negociación y financiación "bilateral", un asunto de "envergadura" que podría suponer un punto de partida para negociar el acuerdo bilateral que fija el artículo 108 del Estatuto, según Biel, "cuando esté el horno para bollos".

Biel, quien ha recordado que el acuerdo de las mermas se ha debatido ya en reiteradas ocasiones en las Cortes de Aragón, ha reconocido que puede haber diferencias en cuanto a la valoración de los inmuebles que el Gobierno de España va a transferir al de Aragón en concepto de pago, pero ha dicho que es el mejor acuerdo al que se podía llegar.

Por parte de CHA, Chesús Yuste ha recordado que el propio Gobierno aragonés ha dicho que aún están pendientes de cerrar "algunos flecos" en los próximos seis meses, y por eso ha criticado que se haya aprobado retirar el contencioso presentado ante los tribunales antes de que acabe este plazo.

También ha pedido garantías de que no va a haber problemas de titularidad de los inmuebles y se ha interesado por el coste que va a suponer ponerlos en valor.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, por su parte, ha criticado que el Ejecutivo aragonés aceptara el acuerdo sin conocer las valoraciones de los inmuebles y también que el Gobierno no hiciera sus propios cálculos al respecto.