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PLENO AUTONÓMICO

Velasco defiende a la DGA en el caso de La Muela

El PP y CHA creen que el Gobierno aragonés fomentó el "caldo de cultivo" en el que se gestó la trama corrupta destapada con la operación Molinos.

Velasco, en el pleno de las Cortes
Velasco subraya que la DGA no es responsable en el caso de La Muela
PEDRO ETURA/A PHOTO AGENCY

Los grupos del PP y de CHA en las Cortes consideran que el Gobierno de Aragón fomentó el "caldo de cultivo" que hizo posible que en La Muela se cometieran los supuestos delitos de corrupción urbanística por los que hay imputados, en una amplia investigación judicial, más de treinta personas.

Así lo han puesto de manifiesto en la comparecencia del consejero de Presidencia, Javier Velasco, en el Pleno de las Cortes, en nombre del presidente Marcelino Iglesias, para responder a dos solicitudes del PP y CHA sobre la responsabilidad del Gobierno aragonés en las decisiones y procesos que motivaron la actuación judicial en el ayuntamiento de La Muela.

Los portavoces del PP, Eloy Suárez, y CHA, Nieves Ibeas, han coincidido en señalar que ésta es la primera vez que se sustancia una petición de comparecencia de Iglesias en pleno sobre este asunto a pesar de que el caso se destapó hace ya catorce meses, aunque Velasco ha recordado que el presidente ha respondido en varias ocasiones sobre este asunto, en las preguntas que los grupos le plantean en las sesiones de control de los viernes.

Suárez e Ibeas han insistido en diferenciar las responsabilidades políticas de las judiciales o penales, y han instado al Gobierno a que las asuma y a que dé explicaciones sobre el papel del Ejecutivo en las actuaciones que han acabado incluidas en el sumario, en el que aparece como principal imputada la alcaldesa del municipio, María Victoria Pinilla.

Para Suárez, el Gobierno "pudo haber parado" lo que sucedió en La Muela, pero optó por "fomentar el caldo de cultivo", y ha insistido en que las leyes, también la del Suelo de 1998 que el PSOE considera que está en el origen de los delitos supuestamente cometidos y que ya está derogada, tienen mecanismos con los que se podían haber evitado estas prácticas.

Al final, ha remarcado, "alguien" en el Gobierno tomó la decisión de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana de La Muela y las recalificaciones de suelo que permitía y, por eso, Suárez le ha preguntado a Velasco si en el gabinete gubernamental tienen "la conciencia tranquila".

También Ibeas ha señalado que aunque no haya imputaciones entre los miembros del Gobierno, tienen obligación de dar explicaciones, porque sus actos tienen que ver con las actuaciones urbanísticas de los ayuntamientos, también del de La Muela.

"¿Cómo justifica el Gobierno los cambios de criterio y la arbitrariedad absoluta ante los proyectos de La Muela?", se ha preguntado Ibeas, quien ha calificado como "gravísimo" que determinados planes parciales se aprobaran después de supuestas presiones al Ejecutivo.

Ibeas ha recalcado, como Suárez, que el Gobierno de Aragón no ha hecho cumplir la normativa con rigor y no ha utilizado todos los instrumentos a su alcance para frenar los actos supuestamente delictivos, y por eso ha anunciado que CHA va a proponer que el Ejecutivo se persone en el sumario abierto por el juez de La Almunia para defender "los intereses de Aragón".

El consejero, por su parte, ha defendido que el PGOU de La Muela se aprobó con arreglo a la Ley del Suelo de 1998, una norma que consagró un modelo de desarrollo de "todo es urbanizable" que generó la especulación que está en el origen del caso de La Muela, aunque también ha insistido en que los delitos los cometen "las personas" y "no las leyes".

En todo caso, ha asegurado que con la ley actual hoy sería imposible que se pudieran ejecutar algunas acciones que están en el origen de los delitos que se investigan.

Y ha reiterado que ningún responsable del Gobierno de Aragón ha sido imputado y que, por tanto, no hay ninguna responsabilidad del Gobierno en este caso, cuyo procedimiento judicial, por otro lado, aún está abierto.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, por su parte, ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar las penas para los corruptores y de poner en marcha medidas "decididas" para evitar la corrupción, con cambio de leyes y acuerdos políticos generales.

Los portavoces del PSOE, Maite Pérez, y del PAR, Miguel Ferrer, han insistido en que el Gobierno "no tiene ninguna vinculación" con el caso y en que se trata de un solo caso, aislado, en los treinta años de democracia y entre los 731 ayuntamientos aragoneses.

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