Esther Aguado y José Vicente Marín, presidenta y director terapéutico de la asociación contra la ludopatía Azajer, aseguraron ayer en rueda de prensa que el Gobierno autonómico está vulnerando la Ley del Juego aragonesa en su apoyo al proyecto de Gran Scala, que plantea construir un macrocentro de ocio, con 32 casinos y cinco parques temáticos, en la comarca de Monegros.

Marín señaló, entre otras cuestiones, que el artículo 11 de la normativa autonómica, donde se recogen los principios rectores para la ordenación del sector, estipula que la DGA tiene que "reducir, diversificar y no fomentar" el hábito del juego, además de "impedir en su gestión actividades monopolistas". "Con el proyecto de Gran Scala, estos postulados se trastocan totalmente", añadió.

Para Azajer, el Gobierno aragonés está primando el "interés de los promotores", a los que se les ofrece inversiones en infraestructuras y modificar "a la carta" la Ley del Juego, sin pensar que "los costos sociales asociados a la instalación de 32 casinos son mayores que los hipotéticos beneficios". "No es justo ni lícito que el Gobierno sea un promotor más del juego y que se convierta en un adicto por contar con ingresos de 600 millones de euros al año en tasas", sentenció Marín.

El portavoz de la asociación señaló que en Aragón "el quince por ciento de la población en edad laboral tiene problemas con los juegos de azar y el primer elemento adictógeno son las máquinas", cuando "se ha dicho que en Gran Scala habrá entre 30.000 y 50.000 tragaperras".

Marín rechazó que se pretenda dar la imagen de que "el juego es algo complementario al complejo de ocio" porque "los parques temáticos son deficitarios, más aún con la estacionalidad obligada por nuestro clima, y el motor de Gran Scala serán los casinos, que son el gancho para atraer a 70.000 personas al día". "A pesar de que el juego es el elemento que atrae y condiciona todo el proyecto, no ha habido un debate sobre ese aspecto; espero que a partir de ahora sea uno de los elementos esenciales del análisis que se produzca", agregó.

Esther Aguado resaltó que, a diferencia de lo que pasa con otras adicciones más estigmatizadas socialmente, "el colectivo de ludópatas no da mal, sus problemas y el sufrimiento que causan se suelen quedar en casa". Por ese motivo, a su modo de ver, "no se toman medidas; se dan cuenta de lo que pasa pero no se hace nada. "El Gobierno aragonés tenía que haber hecho planes de prevención, pero no tienen ganas de hacerlos", dijo. Aguado recordó que, además, el juego, tal y como está planificado en Gran Scala, "suele llevar aparejado" problemas de drogas, delincuencia, prostitución y blanqueo de capitales.