Ayuntamientos con el agua al cuello

Con el agua al cuello. Tras dos años soportando los embates de la crisis, con un desplome monumental de los ingresos, muchos ayuntamientos aragoneses empiezan a tener problemas para pagar las facturas más cotidianas y se ven obligados a aplazar pagos, renegociar deudas con sus contratistas o incluso en algunos casos recortar servicios públicos esenciales o cerrar equipamientos porque les han cortado la luz, como ocurrió en Teruel o en La Muela. A falta de una ley de financiación local, existe el riesgo de que el problema se agrave conforme pasen los meses.

Un caso destacado es el de Zaragoza capital. Solo hay que echar un vistazo a la evolución del presupuesto municipal para confirmar el descalabro de las arcas de la capital aragonesa. Por ejemplo, Zaragoza ingresa 45 millones de euros menos del Estado que hace cuatro años. Y si en 2008 el Ayuntamiento de la capital acudió a los bancos para solicitar créditos por 133,1 millones, en 2011, tras el decreto antidéficit del Gobierno central, no se podrá obtener ni un solo euro por esta vía. Los ingresos vinculados a la actividad de la construcción se desmoronan. De los 814 millones presupuestados en 2008, en 2011 se han previsto 676,6.

Y mientras los ingresos caen, los gastos se disparan. Las alegrías inversoras y los gastos, en muchos casos superfluos, se desataron en tiempos de bonanza. Y esto afectó directamente a las facturas ordinarias. En 2003, el gasto corriente de Zaragoza (transporte, limpieza, luz, personal...) rondaba los 381,9 millones, el 72,9% del total. Hoy casi se acercan a los 582 millones, el 86%. Y eso que a los funcionarios se les ha reducido el sueldo el 5%.

Con menos ingresos y más gastos, Zaragoza, como muchos otros municipios, tiene problemas para pagar. El propio gobierno admitió un retraso medio en el pago a proveedores de cuatro meses, el doble de lo que permite la ley. Pero en muchos casos la demora es mayor: después de esperar casi un año a cobrar una factura, una suministradora de combustible cerró sus surtidores a los coches de la Policía Local. El problema fue puntual y se resolvió en 24 horas, pero fue muy sintomático de lo que pasaba.

Con equipamientos cerrados o a medio gas, los apuros municipales han llegado hasta el punto de apagar farolas para ahorrar 750.000 euros, una cifra que cuando se gastaba a todo tren era pecata minuta. Esa cantidad es poco más de la mitad de lo que costó la cortina de agua del pabellón digital de La Almozara. Es más, el Ayuntamiento ha negociado con sus principales concesionarias recortes severos de servicios esenciales: barrer menos las calles en verano y festivos y quitar alguna línea de autobús.

Aparte de la capital, los municipios más grandes de la provincia zaragozana también se han apretado el cinturón. En Calatayud, la cuarta ciudad de Aragón en número de habitantes, se han reducido gastos en ferias, festejos y publicidad; se ha reducido el gasto de personal amortizando las plazas no cubiertas, cubriendo solo las bajas imprescindibles y sin buscar sustitutos para las jubilaciones.

Las cifras aclaran aún más la situación de las arcas municipales bilbilitanas. El presupuesto ha pasado de 26,4 millones de euros en 2008 a 18,5 millones este año. En este mismo periodo de tiempo, los ingresos se han reducido un 29,71%. Aunque lo más llamativo ha sido la caída de un 60% de los impuestos indirectos. Por poner un ejemplo, la recaudación por el ICIO (impuesto sobre construcciones y obras) ha caído de 1,1 millones de euros en 2008 a 300.000 euros el pasado año. Para afrontar esta difícil situación, se ha reducido el gasto corriente en un 27% entre 2008 y 2011; el plazo medio de pago a proveedores es de 90 a 100 días, cuando hace dos años era a 30 días. Además, se ha negociado con la compañía que suministra la luz y revisado el contrato con la de limpieza y recogida de basuras.

En Tarazona, su alcalde, Luis María Beamonte (PP), se muestra claro: «Vamos al día, pero con el agua al cuello. La deuda nos asfixia y hay que apretarse el cinturón. O hay un modelo de financiación local o habrá que acomodarse a la realidad». Las cifras reflejan la situación: la suma de ingresos directos e indirectos se redujo en casi medio millón de euros de 2006 a 2010, los tributos del Estado bajaron 330.000 euros y, en el mismo periodo, la cantidad que se percibe del Gobierno de Aragón también ha bajado 125.880 euros.

Pero Zaragoza no es el único municipio con problemas. En Huesca el ayuntamiento tiene que solicitar un crédito de 3 millones de euros, lo que incrementará la deuda viva, que ahora es de 16,7 millones, hasta 19,7 millones de euros. A este préstamo habrá que añadir otro de 2,1 millones que se pedirá para financiar las obras del programa europeo Iniciativa Urban. Las arcas municipales sufren, desde finales de 2009 una importante merma por la reducción de recaudación del ICIO y de los fondos que llegaban desde otras administraciones. Para este año, el ayuntamiento oscense, con un presupuesto de 49,6 millones, ha congelado las inversiones y se ha apretado el cinturón en el gasto corriente, capítulo donde destaca la reducción (en un 4,20%) del gasto de personal.

En Teruel, la desbocada deuda del Ayuntamiento, de 47 millones de euros y que le convierte en la segunda capital más endeudada proporcionalmente -solo por detrás de Madrid-, y la caída de ingresos por la crisis económica dificultan el pago de los servicios más básicos desde finales de 2010.

El corte del suministro eléctrico en dependencias municipales no fue el único servicio básico amenazado por la morosidad del Ayuntamiento, que acumuló al terminar 2010 una deuda con proveedores de 8 millones de euros y que pagaba las facturas con un retraso de entre 8 y 9 meses. El momento álgido de la crisis financiera coincidió, además, con la profunda crisis política desencadenada por la dimisión del anterior alcalde, el ex aragonesista Miguel Ferrer.

En los ayuntamientos bajoaragoneses, la crisis ha hecho mella y la falta de liquidez ha pasado factura. En octubre de 2010, Alcañiz debía a los proveedores 2,7 millones de euros y tenía medio millar de facturas pendientes, algunas del año 2008. A los trabajadores municipales, se les debe alrededor de 65.000 euros en horas extras del pasado año. Por su parte, el Ayuntamiento de Andorra ha presentado ciertos problemas de liquidez con los retrasos en el pago de nóminas en algunas ocasiones.