El consejero de Agricultura y Alimentación, Gonzalo Arguilé, ha reconocido este lunes que no ha mantenido ningún contacto con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, después de se hicieran públicos los informes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), sobre la existencia de carencias medioambientales en Biscarrués, si bien ha confiado en la voluntad de la ministra para llevar adelante el proyecto.

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, Arguilé ha expuesto que «lo que ha ocurrido parece que ha sido una fantasía más que una realidad» y ha añadido que «por los contactos que tengo, la ministra está por la labor de llevar adelante el proyecto».

No obstante ha explicado que «tendrán que ponerse de acuerdo» dentro del Ministerio, en concreto las dos Secretarías de Estado, una de Agricultura y Agua y otra de Cambio Climático para «poder ejecutar la obra y ha valorado que no tiene sentido» que exista una declaración de impacto ambiental favorable hasta 2013 que afecta a 193 hectómetros cúbicos, y que ahora no lo sea para uno de 35.

«No tiene sentido que sean contrarios a la construcción del embalse, no lo entendemos simplemente y me parece que esta cuestión la ha entendió perfectamente la ministra y espero que de su voluntad venga el desbloqueo de esta situación, que me parece un tanto absurdo», ha concluido.

Los afectados denuncian la intromisión de la DGA

La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) ha calificado de «intromisión» y «abuso de autoridad» el intento del Gobierno de Aragón de aportar un informe al expediente del embalse de Biscarrués pasado un año del periodo de información pública.

Para este colectivo, el informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) que el Ejecutivo autónomo ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino es «una verdadera intromisión, al ser un informe no solicitado», al contrario que el informe del CEDEX, «realizado a petición del Ministerio», recuerda la coordinadora.

Coagret solicita al Gobierno de Aragón y al INAGA que hagan público dicho informe, así como las aportaciones de ambas entidades durante el proceso de información pública de la Evaluación Ambiental del proyecto de Biscarrués. La coordinadora, por medio de un comunicado de prensa, ha asegurado que constata la incapacidad del Gobierno de Aragón «al ignorar la práctica habitual del Ministerio de Medio Ambiente de pedir informes al CEDEX».

Asimismo, considera «injustificable» que el Gobierno de Aragón pida explicaciones porque un organismo público ejerza su obligación de suministrar información ambiental, un derecho y obligación recogidos en el Convenio de Aarhus (ratificado por España en 2005), en una Directiva Europea (Directiva 90/313/CEE) y la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Para Coagret, el intento manifiesto por el Ejecutivo autónomo de «ocultar» información medioambiental «repugna al ordenamiento jurídico europeo y español, y debería ser contestado de manera taxativa por el Ministerio de Medio Ambiente».