Aragón ha conseguido en apenas 15 meses lo que el Ministerio de Medio Ambiente fue incapaz de hacer en 14 años: poner en marcha el plan de depuración de los núcleos pirenaicos. En poco más de un año, y tras la denuncia que hizo HERALDO en septiembre de 2007, el Departamento de Medio Ambiente de la DGA ha logrado tramitar, someter a estudio de impacto ambiental y sacar a concurso casi 300 actuaciones que permitirán que el Pirineo oscense sea la primera zona de la comunidad que depure el 100 por 100 de sus aguas residuales.

El contraste entre los avances de ambas administraciones es aún más sangrante si se tiene en cuenta que el Ministerio solo tenía previsto construir 20 depuradoras en los municipios más grandes y turísticos. La DGA, por contra, ha asumido la tarea de llegar a todos los núcleos habitados por muy pequeños que sean. La celeridad y la eficacia con las que la está llevando a cabo -al menos de momento- suponen un espaldarazo para la aspiración de Aragón de ejecutar por sí misma proyectos que son competencia del Estado.

Si todo va bien y se cumplen los plazos marcados en la licitación, los ríos del Pirineo dejarán de recibir directamente las aguas fecales de las áreas urbanas en menos de tres años. El Instituto Aragonés del Agua espera adjudicar en verano las cuatro zonas en las que se ha dividido la construcción de las distintas instalaciones, y a partir de ese momento las depuradoras tardarán en entrar en servicio unos 24 meses.

La parálisis del Ministerio

Las depuradoras del Pirineo aragonés fueron declaradas de interés general en 1993. Esto obligaba al Gobierno central a financiarlas y ejecutarlas, pero un primer problema fue que esa declaración se hizo en términos genéricos, sin especificar a qué localidades había que dotar de las infraestructuras necesarias.

La Confederación Hidrográfica del Ebro, el organismo encargado de ponerlas en marcha, decidió dotar de depuradoras a los municipios de 2.000 o más habitantes equivalentes (una magnitud que expresa el potencial contaminante de una población y que suele ser mayor que su población real). Sin embargo, ni en la última etapa de Felipe González, ni en los ocho años de Gobierno del PP ni en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero los sucesivos responsables del Ministerio de Medio Ambiente fueron capaces de impulsarlas.

En el 2000 se inauguró la depuradora de Jaca y un año después, la de Sabiñánigo, pero las otras 18 instalaciones proyectadas por la CHE no pasaron de la fase de anteproyectos. Hoy, 14 años después de la declaración de interés general, los ríos pirenaicos, los de mayor riqueza ecológica de la región, siguen recibiendo los vertidos sin depurar de unas 121.000 personas.

El cambio de rumbo

Esta situación fue denunciada por HERALDO en septiembre del 2007. Hasta entonces, la DGA había permitido que los sucesivos gobiernos se olvidaran de la depuración del Pirineo, pero su actitud cambió a raíz de los reportajes publicados por este periódico. El Departamento de Medio Ambiente se vio obligado a hacer algo y encontró en este tema la posibilidad de aplicar por primera vez el artículo del Estatuto de Autonomía que permite a Aragón ejecutar obras de interés general del Estado. Su responsable, Alfredo Boné, consiguió arrancar a la ministra Cristina Narbona un acuerdo para que fuera la comunidad la que construyera las depuradoras.

Para lograrlo, el consejero Boné contó con dos circunstancias favorables: el profundo malestar que había en Aragón con la gestión de la ministra en materia de embalses -las críticas le llovieron incluso desde el PSOE- y el hecho de que en aquellos momentos el Ministerio estuviera preparando un plan nacional de calidad de las aguas que va a repartir unos 6.000 millones de euros entre todas las comunidades autónomas.

Cuatro días después de que HERALDO pusiese de manifiesto la situación de los vertidos en el Pirineo, Narbona, anunció la firma de un convenio por el que la DGA haría las obras de depuración de esa zona de Huesca mediante una encomienda de gestión -el Gobierno pondría el dinero y Aragón las ejecutaría-.

Además, como una directiva europea obliga a tratar el 100 por 100 de los vertidos residuales para el año 2015, el acuerdo de financiación incluyó todos los demás municipios de Aragón: los del Pirineo no contemplados por el Ministerio y los de otras zonas de la comunidad que habían quedado fuera del primer plan especial de depuración. En octubre se hizo público que el Estado aportaría más de 340 millones de euros en ocho años.

Aragón sale reforzado

Desde esas fechas hasta la salida a concurso de las actuaciones han pasado apenas 15 meses. En ese tiempo el Departamento de Medio Ambiente ha redactado los anteproyectos tipo que servirán para la redacción de cada proyecto, ha realizado los estudios previos sobre ubicación, características y viabilidad de cada una de las 296 depuradoras y ha tramitado las declaraciones de impacto ambiental de las 63 instalaciones que requerían este trámite.

El Ministerio, en 14 años, construyó dos depuradoras y ni siquiera concluyó los anteproyectos de las otras 18. De ellas, 10 tampoco tenían declaración de impacto ambiental.

Hay que recordar que el sistema elegido para construir estas infraestructuras permite que la DGA no tenga que poner ni un euro, ya que son las empresas adjudicatarias las que adelantan el dinero y lo recuperan cobrando una cantidad por metro cúbico depurado. No obstante, esto no influye en la celeridad con la que se tramitan las actuaciones.

También hay que tener en cuenta que la DGA ha aprovechado en parte los anteproyectos que tenía la CHE, pero, en cualquier caso, la comparativa entre lo que hizo el Ministerio y lo que ha logrado el Gobierno de Aragón habla por sí sola

El Departamento de Medio Ambiente, en manos del PAR, considera que el proceso ha sido "un éxito" de gran trascendencia para la región tanto por su simbolismo -son las primeras obras de interés general que ejecuta Aragón- como por la demostración de que la comunidad está preparada para sacar adelante otros proyectos: embalses, carreteras... La consejería que dirige Boné utiliza además su gestión en este campo para acallar las críticas que llegan desde el Gobierno central por la parálisis de las obras incluidas en los convenios de Adelpa.