El Gobierno de Aragón reclamará al Estado 370 millones de euros por las mermas tributarias por las modificaciones en los impuestos cedidos a la Comunidad, en su mayor parte desde el año 2007, y el anticipo de 32,6 millones del Fondo de Cooperación a 2011.

El Consejo de Gobierno ha acordado en una reunión extraordinaria solicitar al Consejo de Ministros que compense a la administración aragonesa por las reformas normativas que afectan a la recaudación de tributos cedidos por 370 millones de euros pero, ha advertido el consejero de Hacienda, Mario Garcés, si el Estado no acepta esta reclamación, el Gobierno de Aragón recurrirá a la vía judicial y llegará en su caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid "hasta que nos den la razón".

"Nuestro objetivo no es entrar en disputa de financiación entre administraciones", pero el Ejecutivo aragonés no va a renunciar a reclamar lo que le corresponde, ha asegurado Garcés en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Esta reclamación sigue a la que ya inició el Ejecutivo aragonés saliente hace seis años que se resolvió con un acuerdo extrajudicial y la transferencia a Aragón de diversos inmuebles, pero el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, ha subrayado Garcés, quiere que se cumplan las previsiones del Estatuto de Autonomía, que prevé la obligación por parte del Estado de compensar esas mermas.

Ha especificado que son el resultado de la pérdida de recaudación por parte de la Comunidad como consecuencia de las modificaciones legislativas del Gobierno central en impuestos gestionados por Aragón, en conceptos como transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones e incluso IVA.

Las cifras

La reclamación se refiere a la renuncia a la exención del IVA de 2007 a 2010, por 78.241.525 euros, y a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en 2006 y 2007, por 105.827.923 euros.

También a las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que afectaban a participaciones empresariales y vivienda habitual de 2005 a 2010 (158.587.577 euros).

Además se incluyen otras medidas que han supuesto coste para la Comunidad, como la exención en Actos Jurídicos Documentados (cancelación de hipotecas) de 2007 a 2010 (25.336.174 euros) o la exención en operaciones societarias por conceptos como ampliaciones de capital y constituciones de sociedades, que en 2010 se ha estimado en 2.004.154 euros.

Garcés ha explicado, además, que el Gobierno de Aragón reclamará los anticipos del Fondo de Cooperación de este año que el Estado adeuda a la Comunidad, de acuerdo con lo que previsto en la disposición transitoria segunda de la ley por la que se regula el sistema de financiación autonómica, y que cifra en 32,6 millones.

Ha argumentado que hasta el año pasado el Gobierno central anticipaba las cantidades del Fondo de Cooperación, pero este año no lo ha hecho y, aunque algunas comunidades han interpuesto recursos de inconstitucionalidad, el Ejecutivo aragonés ha decidido optar por una reclamación administrativa.

En conjunto, el Gobierno aragonés reclamará al Gobierno 402,6 millones desde la "prudencia" y la "sensatez" y haciendo "un ejercicio de responsabilidad", porque así lo exige el Estatuto de Autonomía y está previsto en el sistema de financiación autonómica, sin querer "entrar en disputa gratuita con ninguna administración".