En junio de 2006, partidos políticos, colectivos sociales y organizaciones humanitarias mostraron su condena unánime ante el primer caso conocido en Aragón de ablación a una niña de origen africano, que residía en la provincia de Teruel.

Agentes sociales, sanitarios y educativos consultados ayer por HERALDO insisten en que este no es un hecho aislado y que, en los últimos tiempos, se han dado indicios «que llevan a pensar en nuevos episodios de ablaciones a niñas que se han ido de vacaciones a sus países de origen, casos que se están investigando».

Se trata de un dato que ayer no pudo confirmar la directora del IAM, Rosa Borraz, quien ante las preguntas de si se conocían nuevas denuncias en Aragón sostuvo que no tenía constancia de esos hechos pero que era necesario intervenir porque «nos enfrentamos a una realidad muy opaca, poco visible y difícil de detectar».

Para poder proteger a las más de 3.000 mujeres inmigrantes residentes en Aragón, originarias de países donde se practica la mutilación genital, el Ejecutivo ha presentado un protocolo de actuación, cuya finalidad es la prevención. Un trabajo en red donde intervendrán profesionales del ámbito sanitario, educativo y social.

Una de sus principales características es que cuenta con un documento oficial del Gobierno de Aragón que los padres podrán firmar de manera voluntaria, cuando vayan a viajar a sus lugares de origen.

Al rubricarlo se comprometen a no realizar estas prácticas y se les avisa de que la intervención está considerada como un delito de lesiones con una pena de presión de entre 6 y 12 años para los padres, la retirada de la patria potestad y la posibilidad de ingresar a la niña en un centro de menores.

«A la vuelta se comprometen además a someter a la pequeña a una revisión médica», explicó Teresa Antoñanzas, directora general de Atención al Usuario del Departamento de Salud y Consumo.

Argumento familiar

«El documento protege a las niñas pero también sirve de apoyo a los padres cuando llegan a sus países porque les sirve de argumento para explicar a sus familias los riesgos que implica la ablación», apuntó Antoñanzas.

Una vez detectado un indicio, la intervención de los profesionales puede producirse en diferentes momentos, siempre que existan factores de riesgo (pertenecer a una etnia en la que se practica y ser miembro de una familia en la que alguna mujer la haya sufrido).

Cuando el riesgo sea inminente, porque se haya organizado un viaje al país de sus padres o porque la menor cuente las intenciones de su familia, los agentes sociales pueden intervenir. Si la noticia surge en el colegio, se comunicará al centro de salud y en colaboración con el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural se animará a los progenitores a firmar el compromiso. Si se niegan a hacerlo o a acudir a revisión cuando regresen, se notificará la situación al servicio de menores.

Con este protocolo se aumenta la actuación aragonesa en esta materia. Hasta la fecha, el compromiso preventivo ya se había puesto en marcha por la oenegé Médicos del Mundo en los hospitales Miguel Servet, Clínico y San Jorge de Huesca, aunque ahora pasará a ser un documento oficial. Además, en esos centros médicos se ha creado una red para concienciar a las parturientas de esos países del riesgo que supone la ablación.

Bai, una joven de 33 años, de Gambia es una mediadora. Su labor es informar a las madres «de lo inhumano» de esta práctica que ella sufrió cuando era una niña. «Mis padres lo hicieron pensando que era lo mejor para mí. Pero yo sé que muchos de los problemas físicos que tenemos las mujeres de mi país están relacionados con la ablación. Por eso, voy a luchar para que mis hijas y otras mujeres no lo vuelvan a sufrir jamás», afirma.