Aragón ahorrará más de la mitad de los gastos de personal de su oficina en Bruselas

Los ajustes presupuestarios de la DGA traspasan las fronteras de la Comunidad. Llegan hasta Bruselas, corazón de la política europea, donde el Gobierno de Aragón, igual que el resto de autonomías, mantiene abierta una oficina que ejerce de nexo entre el Ejecutivo aragonés y los órganos de gobierno continentales.

Así pues, de los 411.726€ que se invertían en el personal de esta oficina durante el último mandato de Iglesias, se pasará a 185.925€ a lo largo del primer cuatrienio de Rudi, lo que supone una resta de 225.801€. Esto equivale a una diferencia superior al 50% de una legislatura a otra.

El principal ahorro deriva del traspaso del cargo de director, cuyas funciones asumirá la directora General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación de la DGA, Blanca Solans, quien no percibirá retribución alguna por esta ocupación. Hasta ahora, quien ocupaba este cargo suponía un coste total de 93.464€ al año. El cargo de subdirector desaparece por completo, lo que supone la supresión de un desembolso anual de 77.529€.

El resto del personal contratado lo conformaban tres asesores y un colaborador. De estas cuatro plazas se eliminará una -aún no se ha determinado cuál-, quedando, de este modo, un desembolso total de 185.925€.

Estas cifras no responden únicamente al salario bruto de los trabajadores, sino que en ellas están incluidas otros conceptos.

Por último, se ha decidido mantener las plazas de becario para la oficina –cada año se renuevan dos contratos de prácticas, que perciben 1.625€ mensuales-, si bien este gasto corresponde a una partida distinta, por lo que no se incluye en el coste total de personal de la oficina.

Rescisión del alquiler

Otro aspecto que puede propiciar una sustancial rebaja en el gasto es la reubicación de los funcionarios en otras dependencias. Y es que el alquiler del actual inmueble supone 60.776€ anuales a las arcas de la Comunidad Autónoma.

La rescisión del arrendamiento, cuya duración se prolonga durante los próximos cinco años (hasta 2017), se dispararía por encima del precio firmado, razón por la que los servicios jurídicos de la DGA, según informan fuentes de la Consejería, están estudiando dos posibilidades: romper unilateralmente el contrato o cumplir con lo firmado por el anterior Ejecutivo.

La propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para todas las delegaciones regionales pasa por enviar a los empleados de las oficinas a las embajadas y consulados de España para "eliminar gastos". El consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, se posicionó hace algunas semanas a favor de esta idea.

Por otro lado, desde la Consejería de Presidencia se muestran "abiertos a compartir instalaciones". De hecho, ya han firmado un convenio de colaboración para que la Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) ocupe parte de las oficinas y pueda desarrollar actividades conjuntas en materia de energía y medioambiente. También se baraja la posibilidad de ceder espacio a las Cámaras de Comercio.

Una oficina "más práctica y eficiente"

Las funciones de la oficina pasan por servir de enlace entre Aragón y su tejido empresarial y la Comisión y demás instituciones europeas.

Fuentes de Presidencia explican que con esta reestructuración se busca "un nuevo modelo" de oficina, "más práctica, más eficiente". Estas mismas fuentes subrayan que "un ahorro en los gastos" no tiene porqué suponer una peor gestión.