AGUA

Aragón no acepta la compra de derechos del agua a los regantes del Ebro para abastecer a otra cuenca

El Gobierno de Aragón no acepta "en ningún caso" que se puedan comprar derechos de agua a regantes u otros concesionarios de derechos de la cuenca del Ebro para que sean aprovechados fuera de la cuenca.


En un breve comunicado hecho público a última hora de este jueves, el Ejecutivo aragonés señala que "no acepta en ningún caso y por lo tanto se opone a que se puedan comprar derechos de agua a regantes u otros concesionarios de derechos de la cuenca del Ebro para que después sean aprovechados fuera de la citada cuenca".


Esta posición ha sido comunicada desde el Gobierno de Aragón al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del Gobierno de España y a la Generalitat de Cataluña.


Con esta declaración, el Gobierno aragonés responde a la nueva propuesta que maneja la Generalitat de Catalunya de comprar derechos de agua a agricultores de otras comunidades autónomas, ante la negativa de los regantes catalanes a ceder sus derechos para "equilibrar" el caudal del Ebro tras la prolongación del denominado "minitrasvase" hasta Barcelona.


El conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, ha revelado que para tratar este asunto, se reunirán en Zaragoza representantes del Gobierno central, del departamento de Medio Ambiente y la Agencia Catalana del Agua (ACA), de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes.


La voluntad de la Generalitat es adquirir derechos de agua a regantes de toda la cuenca del Ebro por valor de unos treinta hectómetros cúbicos, que es la cuantía aproximada que se transportará desde Tarragona hasta Barcelona a través de una conducción de unos sesenta kilómetros que conectará los sistemas Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT).


Hasta ahora, la Generalitat había mantenido contactos con diferentes comunidades de regantes de la parte catalana del Ebro, aunque la momentánea negativa de éstos a ceder sus derechos ha llevado a la administración catalana a buscar posibles compradores en otras regiones españolas.