Las afectadas por prótesis PIP reclamarán en Aragón

Afectadas en Aragón por la implantación de prótesis mamarias defectuosas, reunidas en una plataforma, estudian presentar una reclamación patrimonial a la Administración sanitaria, por la falta de control y vigilancia de esos productos y de su vida en el mercado.

La abogada Dolores Lasa, que representa los intereses de la plataforma de afectadas por prótesis PIP en Aragón, ha señalado en declaraciones a Efe Televisión que consideran que la Administración es la principal responsable por haber autorizado a clínicas y cirujanos la implantación de esos productos sanitarios.

Ha recordado que se conoce que la silicona de esas prótesis de la empresa francesa Poly Implant Protehèse (PIP) es "muy irritante", y daña considerablemente los tejidos una vez que se sale, y que en ocasiones entra en el sistema linfático y acaba provocando nódulos en las pacientes.

Las prótesis mamarias se introducen en España con un sello comunitario (CE) y, según Lasa, el Ministerio de Sanidad debería haber tenido un sistema de vigilancia y control, en un registro de notificaciones de los efectos adversos de los implantes.

Este registro no estaba creado, por lo que ha sido imposible detectar que esos productos tenían un 15 por ciento más de rotura que el resto y los problemas que estaban sucediendo, ha denunciado.

Según la abogada, eso supone un "anormal funcionamiento" de la Administración y otorga derecho a una reclamación patrimonial, para obtener una indemnización o una reparación "in natura", es decir que Sanidad se hiciera cargo de la explantación y la implantación de prótesis nuevas.

Una reclamación que las operadas por cirujanos en Aragón harán por medio del despacho Mendo Abogados, que está dando soporte técnico y de infraestructura a unas seis afectadas que se han reunido en una plataforma de manera espontánea, constituida el pasado 16 de febrero.

La plataforma decidió iniciar el cauce de la vía administrativa y presentar una reclamación patrimonial colectiva, en una cuestión que atañe mucho a la "intimidad" de las mujeres que, según Lasa, se han convertido en víctimas, se sienten incomprendidas y poco asistidas por la Administración.

Este es el caso de una de las afectadas, que no ha querido facilitar su nombre, y que ha explicado a Efe Televisión que al año de implantarse una de esas prótesis, en una operación en 2007, tenía muchos dolores, pero pensaba que podría ser por una mala cicatrización del músculo.

En abril de 2011, ha relatado, fue avisada por su cirujano, se hizo una ecografía y una mamografía y se descubrió la rotura de un implante "que había pasado todos los controles sanitarios".

"En un primer momento no lo entendí muy bien porque pensaba que estas cosas no podían pasar en estos tiempos, en el siglo XXI", ha agregado y, posteriormente, estuvo "muy cabreada" sobre todo con Sanidad.

Tras explicar que la segunda operación se la costeó ella misma, ha pedido que se les tome en serio, que no se les juzgue, que se les reconozca que no han hecho nada malo, sino colocarse un producto autorizado por las Administraciones sanitarias, y que ayuden tanto a las que ya se han operado como a las que todavía no lo han hecho.