El alquiler de la Residencia Villacampa, un centro de protección de menores ubicado en la calle del mismo nombre en Zaragoza, le cuesta al Gobierno de Aragón 5.000 euros al mes, más impuestos (IVA) y sin contar los gastos por calefacción, agua caliente y electricidad (la cantidad ascendería a unos 6.000 euros mensuales), un precio por encima de la media según varios expertos inmobiliarios que han conocido en detalle las características del inmueble.

La asociación sin ánimo de lucro Aragón Social -formada por profesionales del Tercer Sector, los servicios públicos y empresas relacionadas con la sanidad, educación, trabajo Social, derecho e informática- señaló esta situación, informando que el coste total del alquiler del edificio, desde que comenzó a funcionar como residencia en febrero de 2008, asciende a cerca de 320.000 euros: el arrendamiento fue publicado en el BOA siete meses antes de la inauguración.

Según afirma la nota en ese portal, cuando se aceptaron esas condiciones, era el Partido Aragonés el que gestionaba la Consejería de Servicios Sociales y Familia (en funciones), de la que depende el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y el contrato fue adjudicado directamente, sin convocar un concurso público.

Desde el PAR señalan que la información no es correcta, ya que en esos momentos no había un director del IAAS y el contrato no fue aprobado por ningún miembro de ese partido. “Este tipo de contrataciones no se hacen por concurso, acuden técnicos especialistas que estudian las mejores opciones”, agregan.

Fuentes del PAR añaden que desde el departamento del Patrimonio hasta el Tribunal de Cuentas se ha tenido constancia de esta situación y “nunca nadie ha encontrado nada”. Además, invitan a la asociación a denunciar.

Desde la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del actual Gobierno de Aragón, se ha asegurado que se conoce la información y que desde hace algunos meses ya se trabaja en la revisión de “todos los alquileres” que tiene contratados la Consejería, para que no exista ninguno que se pague por encima de la media.

“Desde que llegó el nuevo Consejero, esa orden está dada y se está investigando”, han asegurado fuentes de la DGA.

Un edificio para 8 menores

Se trata, según el BOA, de un edificio que “consta de planta sótano, planta baja y dos plantas superiores, con una superficie por planta de 150 m2 totalizando el inmueble aproximadamente 600 m2 ”. En la actualidad, está acondicionado par albergar a 8 menores y 5 adultos.

En la publicación se puntualiza que “la renta pactada se actualizará anualmente, al alza o a la baja, de acuerdo con el índice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística”. Se aclara que los tres primeros años son “tácitamente prorrogables por anualidades hasta un máximo de siete”.

Un caso que viene desde 1998

Aragón Social sostiene que María Jesús Martín Pardos, quien fue candidata del PAR a las Cortes de Aragón por Zaragoza en las últimas elecciones autonómicas, es la propietaria del inmueble.

El portal asegura que “Martín Pardos se hizo con el total de la propiedad (ya poseía un amplio porcentaje) apenas 20 días antes de acordarse el alquiler” y que los que entonces eran responsables del IAAS fueron los que le ofrecieron la posibilidad de alquilar el edificio.

La implicada ha asegurado que la información de Aragón Social es “completamente falsa” y que aclarará el asunto, aunque no ha precisado qué detalles de la información son erróneos.

En el registro de la propiedad de Zaragoza, el inmueble tiene como titular actual a Martín Pardos, que es también propietaria del colegio de educación especial 'El Cariño'.

En 1998, la Asociación Aragonesa para la Promoción y Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (MOLIMO) emitió un informe que señalaba diversas carencias y deficiencias en ese centro, que en ese entonces recibía diversas ayudas de la DGA.

En ese mismo informe, se aseguraba que María Jesús Martín Pardos había dejado de invertir parte del dinero público en el colegio 'El Cariño' y había destinado el capital a otros fines, ya que su “patrimonio personal había crecido en 75 millones de pesetas -más de 450.000 euros- entre 1990 y 1998” y “el colegio carecía de condiciones básicas de Sanidad”.