El ministro Torres confirma que el Gobierno llevará a Aragón al Constitucional por derogar la ley de memoria
Considera que el Ejecutivo autonómico "se equivoca" al no acudir a la bilateral convocada por el Gobierno central.
Tras la decisión del Gobierno de Aragón de no acudir a la reunión bilateral convocada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para abordar las discrepancias suscitadas por la derogación de la ley de memoria democrática, este viernes ha llegado la reacción. Como estaba previsto, el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, ha avanzado que en un próximo Consejo de Ministros se aprobará presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En declaraciones a los periodistas antes de un encuentro con expresidentes canarios en Tenerife ha lamentado que el Gobierno autonómico haya rechazado asistir a la Comisión Bilateral planteada por su Ejecutivo y aunque ha agradecido "el tono" de la carta, sostiene que el Gobierno autonómico "se equivoca".
Torres ha indicado que la ley estatal, actualizada en 2022, hace mención específica al artículo 10.2 sobre el respeto a los derechos humanos y que "todos los acuerdos ratificados por el Reino de España" tienen que defender los derechos humanos.
Ha dicho además que no lo cuestiona solo su Gobierno sino que tres relatores de la ONU ya exponen en un informe que Aragón debe modificar su texto "para que no vulnere los derechos humanos, visibilice a las víctimas, condene la dictadura, defienda la democracia y proteja las libertades".
Así, ha incidido en que, en base al informe del Consejo de Estado, acudirán al Constitucional, medida que siempre van a tomar con cualquier otra institución y en defensa de los derechos humanos.
"Hay que defender la democracia que tenemos, hay que condenar la dictadura que padecimos, hay que defender los derechos humanos y a todas las víctimas, a las asociaciones que trabajan para ellas. Debemos hacerlo de la mano todas las administraciones públicas", ha destacado.
"Es incomprensible"
Para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, "el Ministerio lo que está haciendo es política partidista". "Lo que busca el ministro es hacer actos electorales con Aragón y los aragoneses no estamos dispuestos a ser afiliados del Partido Socialista o a que se crean que somos la sede del Partido Socialista", ha criticado Azcón.
El jefe del Ejecutivo aragonés ha preguntado al ministro por qué considera que "Aragón no tiene capacidad de aprobar sus propias leyes". "Han pasado ya muchos días sin que hayan explicado por qué unas cortes democráticas no pueden tomar sus propias decisiones respecto de las leyes que se aprueban en Aragón. No lo han explicado sencillamente porque no pueden". En su opinión "es incomprensible" que el Gobierno de España trate de decidir "lo que los aragoneses en nuestro parlamento podemos aprobar o no".
En el cruce de declaraciones ha terciado el vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco, que apostó por "dar la batalla en los órganos judiciales pertinentes" para defender la derogación de la ley.Consideró que, con esta reunión, el Gobierno de España plantea "un acto de campaña electoral, un circo del Gobierno de Sánchez, que pretende mostrar que el Gobierno de Aragón recula".
Polémica entre la DGA y Beltrán
La polémica se encendió además por unas palabras del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. A su juicio, Azcón "no actúa por el interés de todos los ciudadanos", sino "exclusivamente" a los de su socio en el Pignatelli.
"Está creando ciudadanos de segunda", advirtió Beltrán. Pero al margen de esta cuestión, afirmó que la comisión bilateral "se rige por una norma de funcionamiento firmada por ambas partes y establece la obligación de reunirse cuando lo solicita una de las partes". Esgrimían el artículo 6 de la citada regulación, que dice que "la comisión bilateral se reunirá en sesión plenaria al menos dos veces al año y cuando lo solicite una de las partes".
El Gobierno de Aragón ha reaccionado indignado. ha afirmado que hablar de obligatoriedad "es absolutamente falso". "El Gobierno de Aragón lamenta que desde la Delegación de Gobierno se viertan bulos de ese calibre, que solo sirven para degradar las relaciones institucionales y generar confusión y desinformación", han indicado fuentes autonómicas.
