Los diputados aragoneses del PP en el Congreso apoyarán la propuesta de Pacto del Agua que su grupo parlamentario ha presentado para su debate y votación en las próximas semanas. Consideran que el texto, que evita la palabra trasvase pero sí contempla «todas las alternativas, tanto convencionales como no convencionales, incluyendo aquellas que afectan a más de una cuenca», no supone una amenaza para el río Ebro. En cambio, advierten de que votarán en contra de cualquier iniciativa que plantee abiertamente la interconexión de cuencas, como la registrada por Vox.

La exposición de motivos de la proposición no de ley (PNL) del PP recuerda la necesidad de «atender las demandas de agua en cantidad y en calidad en todo el territorio, para todos los usos y en todo momento, de manera solidaria y compatible con la protección del medio ambiente». Por ello, insta al Gobierno a «reabrir un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional por el Agua, consensuado con las comunidades, regantes, entidades locales y todos los sectores afectados, que dé cumplimiento a los objetivos medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantice la disponibilidad de agua en el futuro, desde la solidaridad y la cohesión territorial».

«Un Pacto Nacional por el Agua –prosigue– que contenga medidas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático y contemple todas las alternativas, tanto convencionales como no convencionales, incluyendo aquellas que por afectar a más de una cuenca deben ser abordadas en el PHN, de acuerdo con la legislación vigente».

Para la diputada oscense Ana Alós, este texto forma parte de los acuerdos alcanzados por los barones del PP en la Declaración de Córdoba y no supone un riesgo para los intereses de Aragón. «En la propuesta se habla claramente de consenso entre las comunidades autónomas, y nosotros siempre estaremos en contra de un trasvase del Ebro», argumenta. Señala que la PNL hace referencia a las reivindicaciones aragonesas en materia de infraestructuras pendientes, y achaca la mención de proyectos que afectan a más de una cuenca a los «cientos de trasvases ya existentes en España».

En la misma línea, Pedro Navarro, diputado por Zaragoza, asegura que el PP-Aragón «no se ha movido ni un centímetro» en su rechazo al trasvase del Ebro, y reitera que en el Pacto del Agua registrado en la Cámara baja se pone el acento en el «consenso» entre territorios. A su juicio, este debate es «una falsa polémica aireada por la izquierda para cambiar el foco de atención de sus escándalos».

Precisamente esta semana debatían los grupos políticos en las Cortes de Aragón las amenazas de trasvase. La izquierda acusó al presidente Jorge Azcón de estar «solo» en su partido a la hora de defender el Ebro, después de que el resto de líderes autonómicos del PP hayan reclamado de una manera u otra la interconexión de las cuencas. En un contexto electoral, el propio Alberto Núñez Feijóo abrió la puerta a estudiar cada caso sin cerrarse a nada.

Azcón, por contra, ofreció a la oposición crear un bloque aragonés entre todas las formaciones para rechazar cualquier proyecto trasvasista bajo la premisa de que «en Aragón no sobra agua».

Vox plantea el primer examen

Más allá de la argumentación en torno al Pacto del Agua del PP, que salvo sorpresa no supondrá una ruptura de la disciplina de voto, la primera prueba a la que se tendrán que enfrentar los diputados aragoneses serán las diferentes propuestas que ha registrado Vox, su socio de gobierno en comunidades como Aragón. Esta misma semana se debatirá una moción y en próximas fechas una PNL de carácter trasvasista, en este caso sin lugar a dudas. Incluso la exposición de motivos alude a los «estragos generados por las crecidas del río Ebro» para sostener la necesidad de trasvases.

En dichas votaciones, el debate interno en las filas del PP está asegurado, pero Navarro lanza un mensaje a su dirección: «El PP-Aragón nunca votará a favor de un trasvase del Ebro, lo proponga quien lo proponga».

Otras causas territoriales que llevaron a romper la disciplina de voto

Aunque la Constitución dicta que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo», en la práctica sigue mandando la disciplina de voto que marcan los partidos. Rara vez se quiebra esta norma, aunque sí ocurre en cuestiones de conciencia o territoriales.

En 2011, dos diputados aragoneses del PP se desmarcaron de su grupo y votaron en contra del Corredor Mediterráneo para defender la Travesía Central del Pirineo. En 2016, cuatro representantes del PSOE-Aragón también desoyeron a su partido y rechazaron un plan del Ebro que asignaba más agua a Cataluña. Ese mismo año, Susana Sumelzo fue una de los quince diputados que se opusieron a la investidura de Mariano Rajoy que había ordenado Ferraz.