El Ministerio ofrece 40 millones a las comunidades para compensar la supresión de paradas de bus estatal

El Ministerio de Transportes ofrecerá a los gobiernos autonómicos 40 millones de euros como compensación por la reducción del servicio que conllevará el nuevo mapa concesional de líneas de autobús estatales. Aunque está en fase de negociación, la propuesta inicial eliminaba 151 paradas en municipios de Aragón, lo que desató un rechazo frontal en la Comunidad. En cambio, el secretario de Estado, José Antonio Santano, ha defendido este miércoles en el Congreso la reordenación ya que, a su juicio, mejorará la eficiencia del transportes y reducirá las tarifas y los tiempos de viaje. Mientras, la DGA ve el fondo "insuficiente".

“El objetivo esencial es canalizar los grandes flujos de transporte en autobús adaptándonos a la demanda actual y haciendo más competitivo el servicio”, ha argumento el secretario de Estado, que ha comparecido en el Congreso para explicar la nueva ley de Movilidad Sostenible que ha impulsado el Gobierno central.

Santano ha rechazado las críticas por los recortes en el servicio de buses estatales, pero para tratar de calmarlas ha ofrecido compensaciones. En concreto, ha comprometido un fondo de 25 millones de euros para las comunidades que se verían afectadas por la supresión de concesiones estatales de largo recorrido.

A esta cuantía se le sumarán los ingresos que se obtengan de estos servicios, una vez empiecen a prestarlos bajo su competencia, lo que según los cálculos del Ministerio les reportará otros 15 millones de euros. En total, 40 millones que “demuestran la importancia que tiene para el Gobierno garantizar que los ciudadanos no pierdan oportunidades de viaje”, ha subrayado Santano.

Además, el secretario de Estado ha asegurado que el nuevo mapa conllevará una rebaja de las tarifas del 20% como respuesta a la “optimización” de las rutas, que también verán reducido sus tiempos viajes. Como ejemplo, ha apuntado que al conexión entre La Coruña y Santander pasaría de 9 horas y 7 minutos a 6 horas y 10 minutos. O que el desplazamiento entre Albacete y Alicante se reduciría en 50 minutos, hasta las 2 horas y 27 minutos.

De igual modo, se ha mostrado convencido de que la reordenación de líneas “va a permitir una renovación más acelerada de las flotas de autobuses vinculadas a los contratos”. “La ley de Movilidad Sostenible mantiene y consolida nuestro sistema concesional, cuyo futuro queremos garantizar con un nuevo mapa pactado con las comunidades autónomas, poniéndonos plazos concretos para avanzar en su renovación, es algo imprescindible”, ha reivindicado.

Negociación abierta

El Gobierno central retomó el mes pasado su plan para rediseñar la oferta de líneas estatales de autobús, una propuesta incluida en la ley de Movilidad Sostenible ya ha iniciado su tramitación en el Congreso tras decaer el año pasado por las elecciones.

Según fuentes del departamento que dirige Óscar Puente, el segundo intento de tramitar la nueva ley parte del mismo documento, el que suprimía 151 paradas en Aragón, aunque se está negociando con las comunidades para “terminar de definirlo”. Así lo confirman también desde la DGA, que participa en las conversaciones con el Ministerio para tratar de minimizar las afecciones.

El documento trasladado por el Gobierno central a la DGA en la anterior tramitación tan solo mantenía el paso de rutas de bus estatales por las tres capitales de provincia y otras 16 localidades aragonesas. Por contra, los vecinos de hasta 151 municipios verían suprimida su parada y estarían obligados a hacer algún tipo de transbordo.

El impacto sería menor, no obstante, por el nuevo mapa concesional aprobado por el Ejecutivo autonómico, que tras un largo y complicado proceso de adjudicación -judicializado por varias empresas-, prevé poner en marcha los primeros servicios antes del verano.

De esta forma, Aragón absorbería en parte el impacto del rediseño de las líneas estatales, pues de las 151 paradas eliminadas, unas 40 se cubrirían por los servicios autonómicos. Aún así, más de un centenar de localidades quedarían sin cobertura y estarían condenadas a hacer transbordos con autocares regionales. 

No obstante, el secretario de Estado ha puesto Aragón como ejemplo, y ha destacado que es una de las comunidades con las que "hay posibilidad de cerrar un acuerdo más rápido". El motivo no es otro que el citado mapa concesional autonómico que aprobó la DGA la pasada legislatura. "Eso es lo que necesitamos en este país", ha dicho.

En este punto, la clave será la financiación de los servicios que asumirán las autonomías, que según el secretario de Estado alcanzará los 40 millones de euros a repartir entre todas.

Desde el Gobierno de Aragón consideran que los 25 millones de compensación "no serían suficientes para asumir todas las conexiones que se perderían en España de implementarse el mapa estatal". Además, advierten de que "el planteamiento que hace el secretario de Estado no es el correcto, pues primero habría que cuantificar el coste que supondrá el asumir las paradas que suprimirá el mapa concesional estatal para la comunidad autónoma, de cara a ajustar la dotación de fondos a ese coste. Y no al revés, como se está planteando".

De igual modo, en el Pignatelli consideran que "la supresión de paradas de las líneas estatales, pese a ser cubiertas por el mapa concesional autonómico, obligará a los usuarios a mayor número de trasbordos, dando como resultado un transporte de viajeros por carretera de peor calidad". En definitiva, ven "una muestra de que al Gobierno central le importa más bien poco la igualdad de los servicios del medio rural y los servicios que vertebran los territorios".

En la misma línea, el diputado turolense Alberto Herrero ha interpelado durante la comisión al secretario de Estado para pedirle que "reconfigure y modernice el mapa de transporte" ya que el diseñado por el Gobierno "perjudica" a quienes viven en las zonas rurales. "Queremos los mismos servicios, no somos españoles de segunda", le ha transmitido.

También ha cargado contra la reordenación el diputado de CHA en la coalición Sumar, Jorge Pueyo. "No podemos aceptar que una ley con un objetivo tan positivo como el de la movilidad sostenible se traduzca en malas noticias para la vertebración territorial de Aragón. No vamos a dar apoyo al recorte de servicios en el medio rural aragonés ni del Estado", ha advertido. 

"Nosotros no nos resignamos y no vamos a permitir que se pierdan las paradas, salvo que se vean íntegramente abonadas y así lo disponga la ley. En el Congreso debemos ser garantes de que los servicios de Aragón y, en este caso, del Aragón vaciado estén por encima de siglas y partidismo", ha trasladado a su socio de Gobierno el diputado de CHA, para quien el fondo de 40 millones también es insuficiente. "Será poco, poquísimo", ha zanjado.