Los fondos europeos y las convocatorias electorales elevaron las licitaciones de obra pública un 21,5% el año pasado en Aragón. La Comunidad es una de las que más inversión movilizó, impulsada por grandes proyectos del Gobierno central como la electrificación de la línea de tren entre Zaragoza y Sagunto con paso por Teruel. Todo ello pese a que el ejercicio estuvo marcado por la inflación, lo que dejó desiertos muchos procesos de adjudicación, motivo por el cual el sector de la construcción reclama cambios normativos.

En concreto, las diferentes administraciones públicas licitaron en 2023 en Aragón proyectos por valor de 968 millones de euros, frente a los 797 del año anterior. El principal responsable de las inversiones en la Comunidad es el Estado, con más de 468 millones, lo que supone un incremento del 40%. Por su parte, la DGA movilizó 185 millones (+22,5%) y los ayuntamientos, otros 314 millones (+1,3%).

En cuanto al destino de las inversiones, 7 de cada 10 euros fueron a parar a obras civiles, y los 3 restantes a edificaciones, según se desprende de la estadística anual que ofrece la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Con estos datos, Aragón consolida una tendencia al alza empujada por la inyección de los fondos europeos de recuperación. Si el año que se declaró la crisis sanitaria se licitaron contratos por más de 425 millones de euros, el ejercicio siguiente se alcanzaron los 630 millones, y 2022 se cerró con un salto importante hasta los 800 millones, que ahora alcanza los 968 millones.

En el conjunto del país, Aragón destaca por encima de la mayoría, puesto que la media nacional apenas varió –cayó un 0,1%- tras registrar licitaciones por valor de 28.160 millones de euros. Mejoraron notablemente Cantabria (+103%) y La Rioja (+56,8%), mientras que se desplomó la inversión en Asturias (-36,4%) y Baleares (-33%).

La obra de mayor calado fue la de electrificación de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto, como parte de la conexión del corredor cantábrico-mediterráneo. Solo en este proyecto, ADIF y el Ministerio de Transportes impulsaron contratos por más de 100 millones de euros para adaptar gálibos de pasos superiores e instalar postes y catenarias.

Concursos desiertos

La actividad del sector, no obstante, se ha visto condicionada por la elevada inflación de los dos últimos años. Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en 2022 quedaron desiertos por este motivo el 10% de las licitaciones, una cifra que se habría incrementado notablemente en 2023, a la espera de los datos definitivos. En Aragón, por ejemplo, el alza de precios había dejado en la estacada 25 concursos de obras desiertos por valor de 10,4 millones solo hasta el mes de mayo.

En pleno despliegue de los fondos europeos, las empresas –y también los sindicatos– reclaman cambios en la regulación para evitar incluso cierres de pequeñas y medianas empresas en apuros. Entre otras medidas, apuestan por que ley de desindexación no se aplique a la contratación pública.