Hartos, desesperados y más que enfadados, los agricultores y ganaderos no han soportado más las dificultades y la escasa rentabilidad con las que se encuentran en su quehacer diario y han decidido echarse a las carreteras y las calles para hacer visibles sus reivindicaciones y exigir soluciones inmediatas.

Muchas de sus reclamaciones y críticas se conocen sobradamente. Se han visto y escuchado en anteriores movilizaciones, especialmente en aquellas que jalonaron el territorio español poco antes de que se declarara la pandemia de la covid y que fueron aparcadas ante la grave situación sanitaria.

Pero esta vez, sobre sus tractores han llamado la atención con algunas consignas que no se habían hecho visibles con anterioridad o, al menos, habían pasado desapercibidas. Es el caso del rechazo que manifiestan hacia la Agenda 2030 aquellos que han abrazado la tabla reivindicativa presentada por la Plataforma 6F, creada al calor las protestas "espontáneas", convocadas a través de grupos de whatsapp que comenzaron a hacer visible el hartazgo del campo en las calles el 6 de febrero (de ahí su nombre).

Otro de los nuevos protagonistas de las tractoradas es el llamado Pacto Verde, el paquete de iniciativas políticas que tienen como objetivo situar a la Unión Europea en el camino hacia una transición ecológica. Y sin desbancar las críticas hacia la Política Agraria Común y el plan estratégico nacional que desarrolla su aplicación o a la ley de la cadena alimentaria también se ha hecho hueco en la protesta la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Pero, ¿por qué este protagonismo? ¿Qué tienen estas normas que tanto rechazo generan en el sector y con qué apoyos cuentan?

Agenda 2030

Fue en 2015 cuando todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron "el mayor plan global para lograr un mundo más inclusivo y próspero para todas las personas y el propio planeta". Nacía así la Agenda 2030 que tanto protagonismo ha tomado en las protestas que la Plataforma 6F protagoniza desde hace dos semanas.

Luce sobre los tractores, pero no precisamente porque los agricultores y ganaderos le tengan aprecio. Todo lo contrario. La acusan de estar acabando con la agricultura y de los muchos males (de tintes ecologistas) que están restando competitividad a sus explotaciones.

Pero ¿que dice la Agenda 2030 que tanto enfada a (algunos) agricultores?

Según la información difundida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en su página web, este plan emplaza al cumplimiento de hasta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se dividen en 169 metas diferentes y que han sido firmados por 193 Estados miembros de la ONU.

Es en algunos de esos 17 objetivos en los que esta "declaración de intenciones", como la denominan muchos expertos, propone cambiar diferentes aspectos que rodean a la actividad agraria, si bien no se establecen medidas concretas.

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A priori, los logros por los que tienen que luchar los países firmantes no parecen ser enemigos del sector agrario. La Agenda 2030 aconseja asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Propone además duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores. Y para ello insiste en la necesidad de facilitar un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Veronica Lacasa

Apuesta por mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas, mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional. Y propugna el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa.

Es partidaria de aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los  menos adelantados.

También plantea corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes". Y recoge la necesidad de adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados. Para ello propone facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, "a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos".

Pero los principales objetivos de la Agenda 2030 no son solo acabar con el hambre y la desigualdad en el mundo, sino también salvar el planeta del cambio climático y apostar por un desarrollo sostenible y el multilateralismo.

Es ahí donde los países firmantes han mostrado su compromiso a defender la adopción de un estilo de vida más sostenible, en el que se consuma menos, se opte por productos con menor impacto ambiental y se reduzca la huella de carbono de las actividades más cotidianas.

Y para poder elegir productos con menor impacto ambiental no habrá otro remedio que reducir el uso de pesticidas que los agricultores se ven obligados a aplicar a sus cosechas cada vez más afectadas por las plagas.

Es ahí donde nacen las críticas. Aquella parte del sector (las organizaciones agrarias no hacen mención a la Agenda 2030) que se opone a estas pretensiones lo hace con el argumento de que las medidas medioambientales se están tomando demasiado rápido. Y que estas prisas solo las tiene Europa, a la que acusan de "abrazar la senda globalista". Una rapidez que se traduce, critican, en excesiva burocracia y en exigencias que no están obligados a cumplir aquellos países cuyas producciones entran alegremente por las fronteras europeas y comparte espacio, a un precio muy inferior y sin exigencias sanitarias, con las producciones nacionales.

Pacto Verde

El hartazgo que muestran los agricultores y ganaderos también señala al llamado Pacto Verde europeo (New Deal), un paquete de iniciativas políticas con el que la Unión Europea (UE) quiere avanzar en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.

Contra él cargan los eurodiputados conservadores, especialmente los de extrema derecha, aunque su mayor valedora e impulsada es la presidenta de la Comisión Europea, la también conservadora Ursula von der Leyen, que integra el Partido Popular Europa, que cuenta entre sus filas, aunque lo reconozcan en voz baja, con defensores de la llamada senda ecologista. Un camino demasiado verde para sus detractores, que acusan a esta norma de imponer una "excesiva regulación ecologista que ahoga con burocracia a los campesinos".

De ese Pacto Verde, que contó con los votos favorables del Partido Popular Europeo (177 eurodiputados en la Cámara comunitaria) y del grupo de los Socialistas y Demócratas (145 representantes en el Parlamento europeo) cuelgan dos estrategias comunitarias que ponen el foco en el sector agroalimentario: ‘De la granja a la mesa’ y ‘De la biodiversidad’. Ambas están encaminadas a asegurar alimentos suficientes y nutritivos garantizando además el cuidado al medio ambiente, su flora y su fauna.

Hay más. Se conoce con el nombre de Ley de Restauración de la Naturaleza y es una de las normas estrella del New Deal. Los populares, que primero la apoyaron y luego quisieron tumbarla, justifican su rechazo a la controvertida norma asegurando que amenaza la seguridad alimentaria, obliga a los agricultores a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad e intensifica el bienestar animal. La extrema derecha la considera «un producto del fanatismo climático».

Los que la defienden –socialdemócratas, verdes, izquierda y la mayoría de los liberales, así como distintas plataformas agrícolas, la comunidad científica internacional, los cazadores, las empresas de energías renovables, un amplio abanico de multinacionales y cerca de un millón de ciudadanos, que han firmado una petición a favor de la ley–, insisten en que no fija objetivos obligatorios, mejorará la producción agrícola a largo plazo y prioriza la instalación de infraestructura energética verde.

Y, entre unos y otros, las organizaciones agrarias muestran su malestar por la norma, que "no responde a las necesidades del modelo social y profesional de agricultura mayoritario ahora en Europa", señalan.

La controvertida ley incluye la reducción en un 50% o 60% la cantidad de productos fitosanitarios permitidos o la ampliación de la agricultura ecológica del 9% al 30% de la superficie agrícola utilizada, además, y entre otras exigencias, la decisión de "renaturalizar" vastos territorios donde la actividad agrícola ha tenido lugar durante miles de años.

La criticada PAC

Hay otras siglas, mucho más conocidas por la ciudadanía, que también están en boca de los agricultores y ganaderos que participan en la rebelión del campo. Son las que hacen referencia a la Política Agraria Común (PAC), fuertemente criticada y rechazada desde hace años y cuya última reforma ha sido "la gota que ha colmado el vaso", explica el sector.

Con un claro componente verde, la nueva PAC ha introducido una nueva figura, a la que están condicionadas el 25% de las ayudas directas, llamada ecorregímenes, y que no son otra cosa que pagos directos para aquellos que realicen prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

Son voluntarios, pero aquellos que no los ponen aplican dejan de cobrar buena parte de los apoyos económicos que integraban antes su pago único. Ha contado con la aprobación de la Eurocámara, de mayoría conservadora.

Por si no fuera suficiente, a todo este sudoku de normas y exigencias se suman otras leyes dictadas en los despachos del Ministerio de Agricultura y de la consejería aragonesa de Agricultura.

Una es la tan llevada y traída Ley de la Cadena Alimentaria –que no fue apoyada por PP ni Vox–, modificada tras las movilizaciones de comienzos de 2020 (que tuvieron que ser suspendidas por la covid) para garantizar que ningún eslabón cobre por debajo de sus costes de producción.

Otra es la Ley de Protección de la Agricultura Familiar, que apuesta por el modelo profesional que tanto se reclama en las protestas agrarias. Se trata de una normativa aprobada en la anterior legislatura, en la que Aragón fue pionera. Aunque ya en vigor, no se ha desarrollado porque el Gobierno PP-Vox ya ha anunciado su intención de derogarla, o cuando menos, reformarla.