educación
Fapar alega contra el decreto de escolarización de Aragón por "perjudicar" a la escuela pública
Las familias de la red pública consideran que "lejos de mejorar el acceso al sistema educativo, dejará de garantizar la igualdad de oportunidades".
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública de Aragón (Fapar) ha presentado alegaciones contra el borrador del nuevo decreto de escolarización por el "perjuicio" que ocasionará a la escuela pública y al alumnado "bajo la falsa premisa de libertad de elección de centro".
Para Fapar, el Departamento de Educación plantea una serie de cambios que "lejos de mejorar el acceso al sistema educativo, dejarán de garantizar la igualdad de oportunidades y supondrán un perjuicio especialmente a centros con alumnado más desfavorecido y a la escuela pública en particular".
La federación afirma en una nota de prensa que la zona única no ampliará la libertad de las familias en la elección de centro, sino que incluso podría reducirla si se plantean tramos diferenciados de distancias entre el domicilio y el centro, más reducidas que las actuales zonas escolares.
A su juicio, dificultará la planificación del proceso en la determinación de vacantes y aulas al no poder hacerlo con la perspectiva demográfica del entorno y empeorará la distribución de alumnado con necesidades educativas específicas, incumpliendo el mandato de la Lomloe de garantizar heterogeneidad y equidad del sistema educativo.
Fapar considera también que la inclusión de la etapa 0-3 años en el mismo proceso sin contemplar criterios de conciliación dificultará el acceso de familias a estas plazas y la concertación de centros privados en vez de ampliar la oferta pública, y que la pérdida de la reserva de plazas para alumnado con necesidades educativas especiales en el fuera de plazo, que no garantizará la distribución equilibrada de este alumnado en los centros, contribuirá a la segregación escolar y a la guetización de centros.
Sostiene también que la creación de una nueva unidad de escolarización y la asunción de competencias directas en escolarización desde la Dirección General restará competencias a los Servicios Provinciales, y con ello mermará la participación de la comunidad educativa a través de las comisiones de garantías de escolarización, y que la unificación del proceso para todas las etapas al primer cuatrimestre del año generará dificultades a las familias y a los centros, especialmente en ESO y Bachillerato al no haber concluido el curso y no disponer de la información de promoción.
La derivación de aspectos fundamentales en la escolarización a la orden, como el baremo o la concreción de la unidad de escolarización, en vez de incluirlo en el decreto, "está privando a la ciudadanía de información sustancial del proceso, lo que reduce la transparencia", concluye Fapar.
