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Juzgan a cuatro jóvenes por usar de “peña” un chalé de lujo del Pirineo que acabó reducido a cenizas
La Fiscalía pide prisión para ellos por un delito de allanamiento. Como causantes del incendio se condenó ya a cuatro menores, cuyos padres han tenido que pagar casi 600.000 € al dueño.
Cuatro veinteañeros se sentarán dentro de unos días en el banquillo de los acusados para ser juzgados por un delito de allanamiento. En concreto, por colarse sin permiso en un chalé de lujo del Pirineo que supuestamente utilizaban como “peña”. Se trata de la misma vivienda de Castiello de Jaca (Huesca) que el 17 de abril de 2022 acabó reducida a escombros tras un pavoroso incendio provocado por cuatro chavales de entre 14 y 17 años. Por su condición de menores, los principales paganos de aquella ‘travesura’ acabaron siendo sus padres, a los que la Audiencia de Huesca condenó a hacerse cargo de la reconstrucción del inmueble, valorado en más de medio millón de euros.
Las pesquisas de la Guardia Civil permitieron averiguar que no eran únicamente estos cuatro menores los que habían estado organizando fiestas clandestinas en el chalé, propiedad de un notario de Zaragoza que acudía al pueblo los fines de semana y en vacaciones. Los investigadores identificaron a cuatro jóvenes, T. I. A., J. A. C. M., L. B. P. y A. G. N., como algunos de los asistentes a estas celebraciones. Al parecer, el primero llegó a estar allí la noche en que el fuego arrasó esta casa ‘de revista’. Sin embargo, se habría marchado bastante antes de que uno de los menores prendiera un vaso de gasolina en el salón.
El primer juicio se celebró el año pasado ante un juez de menores de Huesca, pero este segundo está previsto para finales de febrero y tendrá lugar en la Audiencia Provincial ante un jurado popular. ¿Por qué? Porque los cuatro acusados son mayores de edad y el allanamiento de morada es uno de los delitos que regula la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Las sesiones comenzarán el próximo día 23, cuando se elegirá a los 11 ciudadanos (9 titulares y 2 suplentes) que juzgarán a los investigados, que declararán durante la segunda sesión, el día 26. La magistrada que preside el tribunal entregará el objeto del veredicto el 29 de febrero, por lo que ese mismo día podría conocerse la decisión del jurado.
El Código Penal contempla penas de prisión de dos meses a dos años para “el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador”. Para aquellos casos en los que “el hecho se ejecutare con violencia o intimidación”, el castigo puede alcanzar los cuatro años de cárcel. Pero no sería el caso, ya que parece que los investigados se encontraron la casa del chalé abierta.
Los “remodeladores”, su grupo de Whatsapp
Los hechos por los que se juzgó a los cuatro menores y ahora se sentarán en el banquillo a estos cuatro jóvenes se produjeron durante la Semana Santa de 2022. Las incursiones que se atribuyen a estos últimos se habrían producido entre los días 14 y 16 de abril, siempre de noche y sin el consentimiento del dueño del chalé, ubicado en la parte alta del municipio. En concreto, en el número 13 de la calle Arco, junto a la iglesia. Tras el incendio, la Benemérita descubrió que en los días previos se habían estado celebrando allí fiestas con hasta 14 asistentes. Algunos de estos, contaban con un grupo de Whatsapp llamado “Remodeladores” que supuestamente les servía para concretar las citas.
La noche del incendio, la pandilla se valió de que la puerta trasera estaba rota y podía abrirse desde fuera para allanar el chalé. Una vez en el interior, usaron una piedra para romper la puerta de la bodega, donde permanecieron un rato fumando y abriendo varias botellas de vino. De hecho, llegaron a inmortalizar el momento grabando un vídeo en el que aparecían los cuatro brindando, imágenes que luego rescató la Guardia Civil del teléfono móvil de uno de los investigados y que sirvieron de prueba en el juicio.
El Supremo confirma la sentencia
Los cuatro incendiarios fueron condenados por un delito de allanamiento de morada y otro de daños por imprudencia grave. Dos de los chavales pasarán doce meses bajo libertad vigilada, mientras que a otro se le impone la obligación de asistir durante el mismo periodo a un centro de día supervisado. El cuarto, que ya ha cumplido la mayoría de edad, tendrá que hacer tareas socioeducativas durante seis meses para que "reflexione" sobre lo sucedido.
Las familias recurrieron el fallo para evitar tener que hacer frente a semejante indemnización, pero la Audiencia Provincial de Huesca decidió confirmarlo prácticamente en su integridad. Solo la familia de uno de los menores vio reducida su responsabilidad al considerar acreditado que se trataba de una "familia estructurada", que se había preocupado por la formación de su hijo, con "estilo educativo asertivo, trayectoria educativa adecuada, con ocio bien estructurado y buenos referentes en el ámbito de sus relaciones".
Una de las familias volvió a recurrir la segunda sentencia, esta vez ante el Tribunal Supremo, que acabó desestimando su escrito y confirmando definitivamente el castigo.
