Aragón aún tiene menos plazas residenciales públicas para mayores que antes de la pandemia
Un estudio revela que la Comunidad es la tercera con mayor ratio de cobertura de este recurso, pero el reto es mejorar su ubicación.
Aragón es una de las cinco comunidades autónomas que en 2022 cumplían con la ratio de cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años, pero solo 3,74 de ellas, el 55,8%, son públicas, 11.104 de un total de 19.895. Este porcentaje se sitúa por debajo del 67,8% al que asciende en el conjunto de España. En números absolutos, en noviembre de 2019 eran 4.140 plazas públicas, y en diciembre de 2023 ascendían a 4.133 es decir, 7 plazas menos.
Aunque esta diferencia a primera vista pueda parecer anecdótica, el coordinador en Aragón de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, llama la atención sobre el hecho de que todavía no se han recuperado las plazas residenciales de financiación pública existentes antes de la pandemia. Una situación que achaca no solo a las consecuencias de la pandemia de la covid en estos establecimientos sociosanitarios, sino también a los “recortes” que sufrieron los presupuestos de los Gobierno central y autonómico una vez superados los momentos más duros de la crisis sanitaria.
Los datos que recoge el informe que este colectivo ha hecho público este viernes reflejan que se incrementaron de manera notable entre los años 2017 a 2019, pasando de 1,41 a 3,87 por cada 100 aragoneses mayores de 65 años. Sin embargo, desde 2020 han ido a la baja tanto en porcentaje como en número absoluto. Estas plazas incluyen las existentes tanto en centros públicos, como las concertadas en los privados y las que se costean con la prestación vinculada al servicio del sistema de la dependencia.
Una mala planificación territorial
Con un total de 19.895 plazas residenciales para mayores a finales de 2022, que eran 645 más que antes de la pandemia, Aragón se sitúa como la tercera región con mayor ratio de cobertura, con 6,70 por cada 100 personas mayores de 65 años, solo superada por Castilla-La Mancha y Castilla y León. De acuerdo con este análisis, la Comunidad tendría un supéravit de 5.043 plazas. Por el contrario, en España se necesitarían 85.814 para alcanzar las 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años y no menos de 30.00 para atender la demanda actual de personas en situación de dependencia severa o grandes dependientes.
García hace hincapié en que el problema en el territorio aragonés radica en una “mala planificación”, que provoca que en Zaragoza y Huesca falten establecimientos para atender la alta demanda, y “no hay espacio reservado para construirlas en la trama urbana, solo a las afueras”, lo que genera largas listas de espera que repercuten también en un encarecimiento del precio que tiene que pagar el usuario y que puede ser a superar en algunos casos los 2.000 euros al mes.
“Se sigue funcionando a golpe de promesas electorales y de compromisos y no se piensa en dónde se necesita realmente contar con una residencia. Las hay en pequeñas poblaciones que se las tienen que ingeniar para tener una ocupación que garantice su viabilidad. Se obliga a gente con 85 o 90 años a salir de su pueblo y, aunque solo sea a 20 o 30 kilómetros se les hace infelices en los últimos años de vida”, critica García.
Propone que al igual que el Gobierno aragonés quiere recalificar suelo con el fin de ampliar un 30% la oferta de vivienda pública en los 30 principales municipios de la Comunidad, se aplique una medida similar para contar con parcelas en las que levantar residencias donde sea necesario.
El portavoz en la región de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales llama también la atención sobre el “asombroso” dato del llamado ‘limbo’ de la dependencia, usuarios que tienen reconocida la ayuda o prestación pero aún no la reciben, que arrojaba Aragón a finales del año pasado. Había descendido a 186, un mínimo histórico que cuestiona. “Según los últimos datos en Aragón solo hay 48 personas calificadas en el grado II y otras 25 de grado III que están pendientes de recibir su prestación. No se corresponde con la realidad que vivimos en nuestro entorno y que nos llega”, concluye.
