Aragón exige financiación para la puesta en marcha de la Ley del Sistema Universitario
La consejera Claudia Pérez Forniés ha asistido este jueves a la primera reunión de la Conferencia General de Política Universitaria.
El Gobierno aragonés ha criticado este jueves que el Ministerio de Ciencia y Universidades no haya aclarado las "muchas incertidumbres" existentes en torno a la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) y ha exigido financiación estatal para su puesta marcha, 4,7 millones en el caso de Aragón y más de 840 en el conjunto de los campus públicos españoles.
Así lo ha trasladado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno aragonés, Claudia Pérez Forniés, en la primera reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, que ha presidido por la ministra Diana Morant y a la que ha asistido acompañada por la directora general de Universidades del Ejecutivo autonómico, María Luisa Feijóo.
La responsable autonómica ha advertido sobre el “sustancial impacto económico” que va a tener la implementación de una ley orgánica que, ha subrayado, salió adelante sin memoria económica, y cuyo coste, a su juicio, debería asumir el Gobierno central.
En este sentido, Pérez Forniés ha defendido que la ley debería haber venido desde el principio acompañada de la financiación correspondiente para hacerla realidad y no cargar sobre los campus y los gobiernos autonómicos toda la responsabilidad.
“Casi un año después de su aprobación, el propio Gobierno reconoce los muchos problemas de la ley, anunciando una comisión de trabajo para flexibilizar el calendario de su implementación, aunque manifiestan su entrada en vigor, y hablar de corresponsabilidad financiera, pero sin aportar cifra económica alguna”, ha subrayado la titular aragonesa de Universidades.
La consejera ha confirmado que, por "lealtad institucional”, Aragón participará en esta comisión de trabajo, que ha reclamado sea “única, con la participación al mismo tiempo de todas las comunidades autónomas”, así como con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que desde el principio se han mostrado muy críticos con la normativa y con los efectos que tendrá en el sistema universitario español.
“Pero la lealtad ha de ser de ida y vuelta y el Gobierno tiene que dotar económicamente la ley y ser responsable de los efectos pernicioso que se derivan de la aplicación de la misma”, ha insistido.
La consejera también se ha unido a la reclamación hecha desde otras comunidades de compensaciones por la cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares, cuyo coste deben asumir las universidades, lo que, ha advertido, repercutirá también en la financiación que las autónomías proporcionan a los campus públicos.
La medida que, según la consejera, está "desincentivando" a las empresas a la hora de facilitar prácticas al estudiantado, afectará este curso a 9.000 alumnos de la Universidad de Zaragoza, con un coste aproximado de 300.000 euros.
En el transcurso de la Conferencia celebrada hoy, desde Aragón se ha trasladado a la ministra además la gran preocupación existente en Aragón ante las "cesiones" que desde el Gobierno de España se están haciendo a otras comunidades en materia de becas o delegación de competencias para la homologación de títulos, así como la inquietud surgida ante lo que pudiera pasar con la financiación del sistema de investigación en España.
