A Amparo Sancho, vecina de Caspe, le diagnosticaron cáncer de mama en julio de 2015, una fecha que no olvidará. Pero tampoco diciembre de 2022, cuando le confirmaron que padecía una espondilitis axial no radiográfica y periférica, una enfermedad reumática autoinmune que suele aparecer entre personas jóvenes de 20 a 40 años, pero raramente en las de 61 años como ella.

En estos siete años su movilidad ha ido a menos. Tras someterse a una masectomía doble se quedó "con poca movilidad en el lado y el brazo derecho", además de caminar "con mucho dolor, ya que se me rompieron varias vértebras que tuvieron que cementar". En 2018 le concedieron un 33% de discapacidad que en la revisión del año siguiente elevaron al 38%.

Amparo es una de las casi 14.000 personas que conforman la lista de espera de discapacidad tanto física como psíquica, que el pasado octubre ascendía a 13.750 personas, de las que 9.295 correspondían a primeras atenciones, y el resto a revisiones de oficio, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Los retrasos llegan a los 22 meses en Huesca, desde que se graba la solicitud hasta que se hace la valoración. En Teruel es de 13 meses y en Zaragoza oscila entre los 7 y los 11.

En agosto pidió una revisión. "Llevo cinco meses esperando, dijeron que podían tardar seis, pero cada día es un sufrimiento. Yo estoy dentro de plazo, pero noquiero ni pensar cómo están las personas que pasan un año y hasta dos esperando", cuenta. Ha logrado caminar con bastones de marcha nórdica y no depender tanto del andador o de la silla de ruedas, pero necesita a una persona que le ayude en casa y le acompañe cuando sale a la calle.

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"Pensé que no iba a volver a andar, pero siempre me ha gustado caminar, tener una vida activa, y he intentado por todo lo posible no quedarme en casa", asegura animosa. Su tarjeta de discapacidad especifica que no necesita ayuda de terceras personas "algo que no se corresponde ahora con la realidad de mi día a día".

Fue beneficiaria del proyecto Rumbo, impulsado por el Gobierno central con fondos europeos, y durante gran parte de 2023 contó con una asistente personal. El programa terminó, pero con el apoyo económico del Ayuntamiento caspolino y un copago de los usuarios va a tener continuidad. Desde este lunes volverá a contar con una una asistente personal seis horas a la semana y con ella espera ir a la piscina.

Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se ha puesto en marcha un plan de choque para atajar estas demoras y para el verano se espera una mejora "significativa", según ha señalado el gerente de este organismo, Ángel Val.