Sánchez sitúa a perfiles políticos del PSOE en ministerios clave para los intereses de Aragón

La aragonesa Pilar Alegría será la portavoz del nuevo Gobierno central, un Ejecutivo que el presidente Pedro Sánchez ha impregnado de un barniz político que marcará la relación con la DGA. Las carteras determinantes para los intereses de la Comunidad quedan en manos de figuras con un importante peso orgánico en el PSOE, por encima de los perfiles técnicos que predominaron años atrás. En un ambiente de confrontación directa entre el Pignatelli y la Moncloa por la ley de amnistía, el diálogo entre ambas administraciones pasará, en buena medida, por los responsables de Hacienda, María Jesús Montero; de Transportes, Óscar Puente; de Industria, Jordi Hereu; y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Junto a ellos, la aragonesa Pilar Alegría no solo consolida, sino que refuerza su presencia en la estructura gubernamental. Mantiene la cartera de Educación, a la que incorpora Deportes, cargos que compatibilizará con la portavocía del Gobierno –deberá abandonar la del partido–. Sus nuevas atribuciones le otorgan, entre otros, un papel protagonista en elección de las sedes del Mundial de fútbol de 2030, al que opta Zaragoza, o en una posible ayuda económica estatal para la construcción de la futura Romareda. «Muy orgullosa de poder seguir haciendo una política útil y buena para todos los españoles», dijo en su cuenta de X.

Otra de las ministras que repite será María Jesús Montero, que conserva la cartera de Hacienda y obtiene la cuarta vicepresidencia del Ejecutivo. La andaluza se ha ganado la confianza de Sánchez estos últimos años pese a respaldar a Susana Díaz en el pasado, hasta el punto de convertirse en la número 2 del partido y en una de las figuras intocables de la Moncloa.

En sus manos estará la primera patata caliente de la legislatura: la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014, que deberá abordar en un clima de crispación territorial por los acuerdos del PSOE con los independentistas y la oposición en bloque de los barones del PP.

La cuestión viene marcada por el compromiso adquirido, a cambio de la investidura de Sánchez, de condonar el 20% de la deuda pública de Cataluña, unos 15.000 millones de euros. Los socialistas defienden que la medida será extensiva al resto de comunidades, pero no garantizan que se aplique ese mismo porcentaje ni aclaran las condiciones concretas del acuerdo. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, rechaza cualquier pacto que sea desigual y mantiene la disciplina que marca la dirección nacional de su partido para evitar una subasta entre territorios que rompa la estrategia unitaria de oposición del PP.

Montero, además, debe perfilar en las próximas semanas los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que serán vigilados con lupa por Aragón y el resto de comunidades para comprobar si los pactos de investidura pasan factura. Cualquier caída en la inversión se verá en el Pignatelli como una represalia. Además, la ministra de Hacienda tiene la potestad de ampliar las ayudas a las empresas de Teruel, como zona despoblada, tal y como reclaman la DGA y los agentes sociales de la provincia.

Enfoque territorial «decisivo»

El propio Pedro Sánchez, en su declaración de este lunes desde la Moncloa, reconoció que se trata de una legislatura de «alto perfil político» y en el que las relaciones con las comunidades serán primordiales, por lo que apuesta por «personas forjadas en la política local y autonómica, que aportan un enfoque integrador de los distintos niveles de la administración y de la diversidad territorial del país, un factor decisivo y determinante en esta legislatura marcada por el dialogo como método y condición necesaria para forjar acuerdos», destacó.

En este sentido, cobrará especial importancia el nuevo ministro de Política Territorial, el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que tendrá como misión articular la coordinación entre las autonomías y, sobre todo, resolver las disputas competenciales entre ellas. Además, de la mano de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, afrontarán cuestiones como las políticas contra la despoblación, el reparto de fondos para este cometido o el ordenamiento del despliegue de las energías renovables y sus posibles compensaciones.

Otro de los ministros recién llegados con los que tendrá que tender puentes la DGA será el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, nuevo responsable de Industria. De dilatada experiencia, será el responsable de gestionar los principales pertes que canalizan los fondos europeos, entre ellos el del vehículo eléctrico, vía de entrada de financiación pública para la fábrica de baterías que proyecta Stellantis en Zaragoza.

Su antecesor, Héctor Gómez, fue uno de los pocos cargos del anterior Ejecutivo que logró una relación de afinidad con Jorge Azcón y su equipo. Su marcha abre ahora nuevos interrogantes que deberá resolver el ministro, que cubre la cuota del PSC en la Moncloa –es el tercer socialista catalán en asumir Industria en los últimos años, después de José Montilla y Joan Clos–. Sin ir más lejos, y como responsable de Turismo, tendrá mucho que decir sobre las inversiones en el Pirineo y en el sector de la nieve en particular . Azcón le pedirá que se sume al Plan Pirineos que diseñó con Feijóo, ahora en la oposición.

Parque público de vivienda

Mientras, Raquel Sánchez abandona el Ejecutivo tras impulsar la electrificación del corredor Zaragoza-Teruel-Sagunto y la autopista ferroviaria a Algeciras, pero sin culminar las autovías pendientes de Huesca. Transportes pasa ahora a otra persona de marcado perfil político, el diputado Óscar Puente, rescatado por Sánchez tras perder la alcaldía de Valladolid pese a ganar las elecciones.

El responsable de la antigua cartera de Fomento siempre conlleva una especial carga territorial, pues es el encargado de distribuir el capítulo de inversiones del presupuesto entre las autonomías, lo que siempre genera tensiones y agravios. Llamado a ser el Alfonso Guerra del actual Gobierno socialista y a disputar el liderazgo regional del partido a Luis Tudanca, tendrá que acometer la polémica cesión de Rodalíes a Cataluña, comprometida con ERC. «Aguantará lo que haga falta», dicen desde el PSOE. Azcón, en este caso, tendrá que negociar con uno de los perfiles más duros del ‘sanchismo’ para lograr la culminación de las infraestructuras pendientes en la Comunidad.

También será importante el diálogo con la exportavoz del Gobierno y nueva ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Su principal reto será la construcción de miles de pisos públicos y de alquiler asequible, para lo que será indispensable la colaboración entre las administraciones autonómicas y locales, en la mayoría de casos propietarias de los suelos. De igual modo, y pese a tener las competencias delegadas en las comunidades, la nueva responsable de Sanidad, Mónica García (Sumar), será la encargada de articular la promesa de Sánchez de impulsar un plan de choque para reducir las listas de espera.