Pedro Sanchez promete a sus socios de investidura competencias aún por transferir en Aragón

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha blindado su reelección con la promesa de transferencias competenciales a las comunidades de sus socios nacionalistas e independentistas pendientes de delegar en Aragón. Con mayor o menor grado de concreción, se prevé profundizar en el «autogobierno» de dichas autonomías y entregar atribuciones como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que también está recogida en el Estatuto aragonés. Dichos acuerdos, además, se asientan sobre un calendario de reuniones bilaterales que contrasta con la cumbre Estado-DGA, que se convocó por última vez en 2018 pese a su carácter semestral.

Más allá del acuerdo programático con el socio de coalición, Sumar, los compromisos firmados por Sánchez para lograr el apoyo de las formaciones minoritarias (ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria) han despertado las protestas del resto de comunidades ante posibles agravios. En dichos pactos, y al margen de la ley de amnistía, los socialistas ahondan en las competencias de autogobierno de regiones como Galicia, Cataluña o el País Vasco.

«Avanzar en el refuerzo de la capacidad de decisión del autogobierno gallego [...] para programar, a lo largo de la presente legislatura, la activación de la transferencia de la totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia», recoge el pacto firmado con el BNG. «El PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación», contempla el alcanzado con Junts.

En el caso del PNV, los nacionalistas celebran la cesión, en el plazo de dos años, de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, un apartado previsto en el Estatuto de Guernika. También en el de Aragón, aunque en su caso se puntualiza que se haría «en el marco del respeto al principio de unidad de caja», una coletilla que se añadió en los estatutos de segunda generación, pero que «se debe dar por implícito» en el vasco, defiende José Tudela, letrado de las Cortes y profesor de Derecho Constitucional.

A su juicio, «la Seguridad Social debe permanecer en manos del Estado». Y en todo caso, cualquier intento de «trocear» su gestión debería hacerse mediante un «diseño global» para todas las autonomías. «Es bastante extraño que las competencias se negocien alrededor de una investidura», dice.

La misma opinión defendieron en un comunicado las asociaciones profesionales de letrados, inspectores, interventores, auditores, técnicos y médicos evaluadores de la Seguridad Social. Alertaron de que cualquier tipo de cesión en este sentido «vulneraría los principios constitucionales» y los de «caja única, solidaridad financiera e igualdad».

Tudela cree que en el caso aragonés, «todo lo relevante que se podía transferir, está transferido». En cambio, formaciones como CHA ven margen de negociación. Desde cuestiones específicas, como la citada gestión de la Seguridad Social, hasta otras globales, como la recogida en el artículo 108 del Estatuto, que prevé una acuerdo financiero que «deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial». Todo ello se debería abordar en la comisión bilateral Aragón-Estado, que a diferencia de lo pactado por Sánchez para su investidura, no se celebra desde 2018, pese a su carácter semestral.

Sanidad descarta ceder el mir

La posible trasferencia de otra competencia, en este caso la del sistema de Formación Sanitaria Especializada, que incluyen el desarrollo de médico interno residente (mir), despertó este lunes otra polémica entre la Moncloa y las autonomías.

El consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, trasladó por la mañana su «rechazo absoluto» a esta opción, al igual que el Foro de la Profesión Médica, que expresó su «preocupación» ante una medida que generaría «desigualdades en la formación, falta de cohesión en los estándares de calidad a nivel nacional y dificultades en la movilidad y homologación de profesionales». Sin embargo, horas más tarde el Ministerio de Sanidad, José Miñones, desmintió que tenga previsto transferir este sistema, que definió como «robusto» y que cuenta con una» perspectiva territorial».