PSOE y Sumar se comprometen a reabrir el Canfranc y a “acelerar” el corredor Cantábrico-Mediterráneo

El acuerdo de Gobierno sellado este martes entre PSOE y Sumar para reeditar la coalición durante los próximos cuatro años, en el caso de que logren el resto de los apoyos necesarios para la investidura, contempla importantes promesas a nivel territorial y dos específicas para Aragón: reabrir la línea internacional del Canfranc y “acelerar” las inversiones en el corredor Cantábrico-Mediterráneo, con paso por Zaragoza y Teruel. Además, se plantea una nuevo modelo de financiación autonómica y el impulso a la energía renovable con respeto al medio ambiente y beneficios para los lugares donde se asienten.

Así se desprende del documento de 48 páginas firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con el que buscan reeditar un gobierno de coalición que, de momento, sigue pendiente del apoyo del independentismo catalán y sin fecha de investidura. Tal y como había reclamado el representante aragonés en Sumar, Jorge Pueyo (CHA), el pacto prevé “volver a abrir la línea Zaragoza-Canfranc-Pau” e “impulsar el corredor Cantábrico-Mediterráneo”.

Por otro lado, PSOE y Sumar proponen reformar el actual modelo de financiación autonómica, pendiente desde hace nueve años, y una de las principales reivindicaciones de las comunidades. En este sentido, la coalición ofrece un nuevo modelo “que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad” que estará “basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional”.

En este sentido, se apuesta por “corregir la infradotación” en determinados territorios, y tal y como viene reclamando Compromís, uno de los socios de la coalición Sumar, se especifica que “mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado”.

Además, ambas formaciones señalan que van a “evaluar los resultados” del impuesto a las Grandes Fortunas, implantado para sustituir al de Patrimonio en aquellas comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía, donde se han suprimido. El objetivo no es otro que el de “avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.

Finalmente, el documento también hace especial hincapié en la implantación de las energías renovables, un sector en el que Aragón se ha destacado por el acelerado despliegue de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, en ocasiones con contestación social del territorio.

“Seguiremos reforzando nuestro sector industrial, aprovechando las ventajas que nuestro país tiene en la producción de energía renovable, limpia y barata, fomentando con ello nuestra autonomía estratégica”, señala el pacto, que también prevé “favorecer la instalación de industrias y el desarrollo de otros sectores y actividades económicas verdes en aquellos territorios y comarcas que acogen importantes desarrollos de energías renovables, asegurando el equilibrio territorial, y el desarrollo sostenible de otros sectores y la creación estable de empleo de calidad”.

“Impulsaremos las energías renovables mediante la simplificación y agilización de los trámites preservando la protección e integración ambiental, patrimonial, social y territorial y promoveremos las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo. La rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética será una prioridad”, añaden los dos partidos de gobierno en su nuevo compromiso.

Finalmente, Sánchez y Díaz también ofrecen alternativas para el futuro de las zonas más despobladas del país, una realidad muy presente en Aragón. "Actualizaremos la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de Acción a nivel nacional para lograr una mejor vertebración del territorio", proponen. 

Así, "se fortalecerán las políticas de lucha contra la despoblación para los territorios con mayor vulnerabilidad socio-territorial de cara a la mejora de la prestación de servicios y de las infraestructuras que permitan su desarrollo territorial y transformación social y económica. Se reducirá el déficit de servicios, impulsando la proximidad y el acceso de los servicios esenciales, la conexión a internet en todo el territorio y la promoción de una red de transporte público adecuada".