Informe de Plena inclusión sobre los obstáculos en el sistema penal

La participación igualitaria y efectiva de las personas con discapacidad intelectual en procesos judiciales en los que están implicadas sigue siendo una entelequia en la mayor parte de Europa. Y España no es una excepción. Esta es una de las principales conclusiones del último informe realizado por Plena inclusión España, en el marco del ‘Proyecto Enable’. Se trata de una iniciativa en la que participan organizaciones sociales de ocho países comunitarios, y que está promovida y financiada por la Unión Europea.

El objetivo general de este informe es presentar los resultados de la investigación sobre las barreras que existen en el sistema de justicia penal para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial que son acusadas, y que tienen serias dificultades para acceder a la información. Además, se incide también en la falta de apoyo y adaptaciones procesales, lo que les impide participar en igualdad de condiciones.

"Tratamos de evaluar en qué medida existen leyes, políticas o prácticas (incluidas las prácticas prometedoras), que permitan a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial acusadas superar estas barreras, en particular mediante la provisión de ajustes de procedimiento", explica Natalia Pérez, del Área Jurídica de Plena inclusión España.

Según las conclusiones de la investigación, la mayor parte de las personas entrevistadas afirman que no entienden el proceso y que desconocen sus derechos como acusados si no se hacen las adaptaciones necesarias. Esto sucede porque los agentes jurídicos usan términos muy técnicos.

Además, se aprecia una generalizada falta de conocimiento y concienciación de dichos agentes (abogados, jueces, fiscales, etc.) sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La falta de detección de la discapacidad intelectual es una de las barreras más importantes a las que se enfrentan estas personas. No existe, en la legislación penal, un reconocimiento de los ajustes de procedimiento. Además, las características de las personas con discapacidad suelen interpretarse erróneamente como un comportamiento poco cooperativo en las investigaciones policiales o los procedimientos judiciales.