¿Cómo afecta a los proyectos que impulsa el Estado en Aragón que el Gobierno central esté en funciones?

El Ejecutivo de Azcón tendrá que diseñar a ciegas las cuentas autonómicas de 2024 ante la previsible prórroga presupuestaria.

Turistas, ayer saliendo y entrando de la Catedral de Jaca, localidad muy concurrida durante el puente de agosto.
Turistas, este verano en Jaca, una de las localidades que se beneficiaría del Plan Pirineos.
José Miguel Marco

Los convulsos años electorales disparan en la precampaña las inversiones para bloquearlas, después, por los meses que cuesta formar Gobierno en este bipartidismo imperfecto. Un Ejecutivo en funciones tiene las manos atadas, y nadie sabe a ciencia cierta por cuánto tiempo. La prórroga de las cuentas nacionales en 2024 se da casi por hecha, y las comunidades autónomas, como es el caso de Aragón, deberán elaborar su presupuesto casi a ciegas. Ni se sabe qué entregas a cuenta recibirá la DGA el próximo año, ni el objetivo de déficit que condicionará el diseño de su proyecto. Las nuevas reglas fiscales se aprobarán antes del fin de la presidencia europea española y tenderán al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y a una ratio de deuda del 70 % del PIB. La cuestión será determinar en qué condiciones y con qué plazos.

Los Presupuestos Generales del Estado destinan a inversión en Aragón este año de 547 millones de euros, 25 millones más que en 2022 en unas cuentas de récord, gracias a los fondos europeos. Lo que no se haya impulsado hasta ahora será difícil que se pueda activar. Desde el 24 de julio, el Gobierno que preside Pedro Sánchez está en funciones y solo está autorizado para facilitar el proceso de formación del nuevo Ejecutivo y el traspaso de poderes. El artículo 21 de la Ley del Gobierno establece que "deberá limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo en casos de urgencia acreditados o por interés general, cualquier otra medida".

El grueso de las inversiones estatales este ejercicio corresponden al Ministerio de Transportes, y servirán para impulsar autovías en el Pirineo y la demandada A-68 hacia Castellón y para actuaciones en el ferrocarril. En plena campaña electoral, se anunció que Teruel dejará de ser en 2024 la única capital de provincia española sin conexión directa con Madrid por tren. Falta que las condiciones del servicio se detallen. Las cuentas de 2023 dilataban ya el fin de varias autovías oscenses hasta el año 2027, y la prórroga podría retrasar todavía más el fin de unas conexiones muy demandadas.

La continuidad del presupuesto estatal complicará la inclusión en las cuentas de dos apuestas firmes del Gobierno de Jorge Azcón, la asignación de fondos para el Plan Pirineos, que contempla una inversión de 250 millones de euros en los próximos ocho años, y la ampliación de la bonificación de los costes laborales en las empresas de Teruel hasta el 20%.

En el limbo quedó, con el adelanto electoral al 23-J, la descentralización de la Agencia de Salud Pública, a la que opta Zaragoza, tras la pérdida de la Espacial y la de Inteligencia Artificial. En estos momentos está en el aire el proceso de sacar de Madrid sedes institucionales, hasta que se desvele quién estará al frente del nuevo Gobierno.

Estiman desde el PSOE y el PP que el impacto en Aragón del bloqueo institucional será limitado. Asegura la oscense Begoña Nasarre, número 3 del PSOE en el Congreso, que el Ejecutivo en funciones "va a actuar con la máxima responsabilidad para garantizar la gobernabilidad". "El PGE de 2023 era muy positivo para Aragón", recalca, así que no ve problemas si deciden prorrogarlo. Lo contrario opina el diputado del PP por Zaragoza Pedro Navarro, que piensa que no fue bueno e insiste en que lo que necesita Aragón es «un cambio de Gobierno" para que quien esté en la Moncloa coja el teléfono al presidente de la DGA. Jorge Pueyo, de Sumar, pide "responsabilidad" a los partidos para evitar que se retrasen inversiones y nuevos proyectos para Aragón.

Los diputados defienden la estrategia de sus líderes

PP y PSOE buscan apoyos para sacar adelante la investidura. Será Alberto Núñez Feijóo el primero en intentarlo, los días 26 y 27 de septiembre. El popular Pedro Navarro defiende la legitimidad de su líder para hacerlo y critica el "fraude de ley" que cometen PSOE y Sumar al ceder diputados a JxCat y a ERC para poder constituir sus grupos parlamentarios. "Cuesta más dinero a los españoles y deberían explicarlo", recalca. Ve en un Gobierno del PP la única opción. "Es lo mejora para los zaragozanos", asegura. Para alcanzar los cuatro escaños que necesita el PP mira a 4, 5 o 10 "socialistas que tengan sentido común" y vean que se necesita "un Gobierno estable".

La socialista Begoña Nasarre recuerda que el candidato Feijóo "no suma apoyos" y estamos en un "vamos a ver por dónde sale". Critica que no haya negociado esta semana para "dilatar más el proceso", para una "investidura 'fake'"» y le avisa que no cuente con votos del PSOE porque "no hay tránsfuga". Defiende que el PSOE respeta los plazos y la decisión del Jefe del Estado. Insiste en que las urnas apostaron por un Gobierno progresista y fija los límites de la negociación en la Constitución.

Jorge Pueyo, diputado por Zaragoza de Sumar, cree que "el intento de investidura de Feijóo supone un problema añadido porque, a sabiendas de no tener apoyos suficientes, va a provocar que se alargue innecesariamente".

Vox apoyará a Feijóo en el marco de "tratar de frenar un Gobierno de destrucción nacional" de Pedro Sánchez con «todos los enemigos de España». "Si se acaba conformando, Vox ejercerá una férrea oposición en defensa de los intereses de todos los españoles", señala Pedro Fernández.

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