La asfixia económica aboca al PAR a cerrar las sedes y preparar el finiquito del personal
La negativa de su grupo en las Cortes a transferir el remanente de tesorería agrava la falta de liquidez.
El partido remite un burofax al portavoz, que a su vez ha despedido a sus tres trabajadores.
La confrontación interna en las filas del PAR ha agravado su maltrecha situación económica, hasta el punto de abocar a cerrar las sedes de Zaragoza y Huesca y a preparar el finiquito de su personal. La dirección del partido acusa al grupo parlamentario, con el presidente depuesto Arturo Aliaga a la cabeza, de pretender dejarles sin fondos ante su negativa a transferir el remanente de tesorería antes de su disolución el próximo 22 de junio. Si no hay cambios, los cinco trabajadores serán despedidos a finales de mes.
Responsables del partido trasladaron hace unos días al portavoz en las Cortes en esta legislatura, Jesús Guerrero, la situación de "asfixia económica" y ante la falta de respuesta, el presidente de la formación, Clemente Sánchez-Garnica, ha conminado a Guerrero en un burofax a traspasar el dinero. Y le advierte de que mantener la negativa solo acarreará la pérdida del saldo y "se impedirá atender las obligaciones laborales con trabajadores que nada tienen que ver con las disputas políticas".
Guerrero se ha limitó a asegurar a este diario que no ha recibido ningún burofax y que, por tanto, no podía valorar su contenido. Además, ha destacado que cumplen "escrupulosamente" el acuerdo económico con el partido y con lo que marcan las Cortes.
La situación no es nueva, ya que en marzo la dirección del PAR denunció que los tres díscolos de la formación que se mantenían en las Cortes –los citados Arturo Aliaga y Jesús Guerrero y Esther Peyrat– bloqueaban el dinero del grupo. Sí hubo un respiro y el 20 de abril se suscribió un acuerdo de colaboración por el que se traspasó al partido 50.000 euros, la mitad de la cuantía anual que se venía aportando en esta legislatura y que llegó en 2021 a los 120.000 euros.
La disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral también ha cerrado el grifo de la asignación de la Cámara Alta que se venía recibiendo desde 2019 tras la designación de Sánchez Garnica como senador autonómico, lo que ha complicado aún más la situación de las arcas.
Y el descalabro electoral de la formación aragonesista, que solo ha revalidado uno de sus tres escaños en las Cortes, reducirá sustancialmente la subvención económica los próximos cuatro años al no tener derecho a la constitución de un grupo parlamentario propio y compartir el mixto con Podemos e Izquierda Unida. Tampoco contarán con los fondos de la Diputación Provincial de Huesca tras el 28-M.
Deuda de los cargos públicos
A todo ello se suma la deuda por parte de cargos públicos que tienen la obligación de contribuir al sostenimiento del partido, que asciende a 16.500 euros en los dos últimos años, de los que 3.200 corresponden a los miembros del grupo de las Cortes.
De ahí la trascendencia de conseguir los fondos disponibles en el grupo parlamentario, controlado por el exlíder y sus dos fieles diputados enfrentados con la actual dirección. El problema para el partido es serio, dado que los responsables de liquidar el grupo son ellos y solo en sus manos está transferir el dinero que quede de remanente o devolverlo a la institución antes del día 22, cuando acabe la legislatura.
En el citado burofax, el presidente del PAR recuerda a Guerrero que al cierre del pasado ejercicio había un saldo de 182.936 euros, una cuantía a la que se debe sumar la subvención recibida en 2023. Subraya que el acuerdo de colaboración y asistencia entre el grupo y la formación establece que se puede incrementar la cuantía. Y le conmina a traspasar el dinero que quede tras abonar las indemnizaciones a los tres trabajadores del grupo parlamentario. Los cheques del finiquito los recibieron la semana pasada y el coste total asciende a 114.000 euros.
El partido estima que el saldo disponible podría superar los 80.000 euros, aunque no han tenido acceso a las cuentas, mientras que mantener la plantilla requiere 10.000 euros al mes y su despido implicaría una indemnización de casi 150.000. Todo ello implicará el cierre de la sede de Huesca en agosto y la de Zaragoza en septiembre con la intención de buscar locales mucho más económicos para adaptarse al nuevo horizonte de ingresos. Solo se mantendrá la de Teruel.
