El Inaga asegura que no hay conflicto de intereses en la tramitación de las renovables
El director del órgano ambiental asegura que la fragmentación de proyectos no rebajó el grado de control y achaca el cese de altos funcionarios a la "falta de cumplimiento de sus obligaciones".
El director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, ha asegurado este martes que no ha habido ni un solo conflicto de intereses en la evaluación autonómica de los proyectos eólicos y fotovoltaicos. Lobera ha explicado que las tres consultoras contratadas para analizar los parques ante el aluvión de expedientes debían presentar actas de compatibilidad de cada expediente supervisado y que, "en ningún caso", llegaron a intervenir en parques en los que previamente habían colaborado.
En una comparecencia en el Pignatelli, el máximo responsable del órgano ambiental ha asegurado que la fragmentación de los proyectos tampoco rebajó el grado de control, ya que en todos los casos se analizaban los efectos acumulativos con todos los parques planificados y en funcionamiento, además de actividades en su área de influencia que pudieran ser relevantes para el impacto ambiental. "El Inaga hace gestión ambiental, no política ambiental, trabajando en la línea más escrupulosa de la legalidad, con todo rigor", ha declarado..
El alto cargo de la DGA también ha negado la acusación del PP sobre la "purga" de altos funcionarios en el Inaga por no plegarse y ha achacado el relevo del que fuera histórico secretario general, Ángel García Córdoba, y de dos jefes de área, Jordi Reinoso y Susana Olavide, que no intervenían en la evaluación de las renovables a la "falta de cumplimiento de sus obligaciones".
En el caso de García Córdoba, el director del Inaga ha añadido que fue cesado hace un año y ahora trabaja para la alcaldable del PP en Zaragoza, Natalia Chueca. Lo ha dicho en dos ocasiones, aunque ha negado, a pregunta de los periodistas, que entienda que haya una relación. Este alto funcionario es jefe de servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, en el área de Servicios Públicos que gestiona Chueca, desde el pasado 19 de abril y el PP hizo la denuncia de irregularidades en la tramitación de renovables tres semanas después.
La comparecencia ha sido una respuesta directa a la información publicada hoy por el diario El Mundo en la que apunta que dos de las tres consultoras que han evaluado parte de los 672 expedientes de renovables tramitados en esta legislatura, Satel y Calidad y Estudios, habían redactados previamente proyectos para la principal empresa impulsora de proyectos, Forestalia.
A este respecto, Jesús Lobera ha subrayado que todos los parques de esta compañía aragonesa los supervisaron tanto Sarga como la tercera consultora contratada, Vea Qualitas, para no incurrir en una incompatibilidad. Y ha detallado que el 60% recayeron en la empresa pública de la DGA y el 40% restante en la asistencia técnica privada. "Parece que se estuviera hablando de que hay empresas de asistencia técnica que han estado trabajando en ambos bandos y no ha sido así de ninguna forma", ha aseverado.
"Procedimos a comprobar que todas estas empresas eran compatibles con los encargos que se les hicieran y se exigió desde el primer día la compatabilidad", ha destacado, explicando seguidamente que Satel y Calidad y Estudios se encargaron de supervisar los expedientes del resto de empresas.
El máximo responsable del Inaga ha insistido en que el medio centenar de funcionarios que constituyen el ente público no tienen "ningún interés" en que salga o no salga determinados proyectos. "Lo que hacemos es gestión, trabajamos técnicamente los elementos evaluatorios que marca la Ley de Evaluación Ambiental. No debemos evaluar en virtud de nuestro criterio personal y la seguridad jurídica evita este tipo de problemas", ha remarcado.
Lobera también se ha referido a la tramitación de un parque eólico, Canteras I, que tuvo dos propuestas de resolución desfavorables y que finalmente obtuvo una aprobación condicionada. A este respecto, ha detallado que el promotor modificó el proyecto, reduciendo el número de aerogeneradores, entre otros ajustes, cuando se le dio trámite de audiencia, como se hace "en el cien por cien de los expedientes".
