La legislatura que ahora llega a su fin ha estado marcada por la pandemia de coronavirus, que en primavera de 2020 alteró el sistema de salud y llevó al límite sus recursos humanos y materiales. La atención urgente a la covid tensionó la capacidad de los hospitales y reveló los puntos débiles de un modelo, el de la Atención Primaria, que tiene ya casi 40 años.

Las sucesivas olas de coronavirus obligaron a destinar más recursos a frenar la transmisión del virus y supusieron una sobrecarga de trabajo para el personal sanitario. Atrás quedan los momentos en los que la propagación de contagios obligó a realizar cientos de pruebas diagnósticas diarias, cuando se llegó a superar las mil camas covid o hubo que activar todos los recursos para hacer frente a maratonianas jornadas de vacunación en una campaña sin precedentes. Todas las manos eran necesarias para contener la enfermedad. Hoy, con el fin de la emergencia internacional por este virus, la situación ha cambiado. La Sanidad, sin embargo, sigue siendo un tema central en los debates electorales y ocupa también las conversaciones en la calle de una sociedad que demanda una atención rápida y de calidad.

La situación de las listas de espera ha enfrentado a los grupos parlamentarios. Con 4.792 pacientes pendientes de pasar por el quirófano desde hace más de 180 días, la demora ha ido bajando. Desde agosto de 2020, cuando se registró el pico, el dato ha descendido en un 56,5% (6.202 pacientes menos). Para ello se han activado distintas iniciativas para reducir estas cifras, incluidas en el plan de choque que, con el horizonte de diciembre de 2023, es uno de los mayores retos de la sanidad pública aragonesa. Este registro aumentó con la pandemia, al igual que las consecuencias en la salud mental, con un gran impacto entre la población infantil y juvenil. Será otro de los aspectos clave que marcará los próximos años.

El Gobierno autonómico que salga de las urnas tendrá que hacer frente a varios frentes abiertos. Entre ellos, la falta de médicos, un déficit que se agrava en regiones como Aragón, con altas tasas de dispersión y de envejecimiento. Se calcula que casi 600 facultativos, muchos de ellos de Familia, se jubilen en los próximos cinco años; mientras que la reposición no está garantizada. En la última convocatoria mir (médico interno residente), 15 de las 82 plazas de la especialidad de Familiar y Comunitaria quedaron desiertas, incluso en el procedimiento extraordinario. Y la inquietud aumenta en el medio rural, a pesar de que ya hay 43 centros de difícil cobertura que ofrecen incentivos para atraer a profesionales. La Comunidad ha acreditado el 100% de los puestos mir y existe un acuerdo para ampliar las plazas de Medicina para paliar el déficit de facultativos de la Comunidad.

Debate nacional

Sobre la mesa está la iniciativa que, liderada por el presidente de Aragón, Javier Lambán, se trasladó hace unas semanas al resto de líderes autonómicos y al ministro de Sanidad, que busca impulsar un debate nacional sobre la sostenibilidad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Los próximos meses serán decisivos para abordar, de un modo común y consensuado, las insuficiencias de la Sanidad, que hoy corre riesgo de entrar en colapso. Un nuevo pacto en financiación autonómica, incorporación y decaimiento de las prestaciones del sistema de salud, mejorar los cuidados integrados en las personas de alta necesidad sanitaria y social y la planificación de profesionales sanitarios y sociosanitarios son los cuatro pilares que habría que replantear.

Sira Repollés tomó posesión de la Consejería de Sanidad en mayo de 2020, en sustitución de Pilar Ventura, que dimitió tras unas desafortunadas declaraciones en las Cortes sobre los sanitarios y los equipos de protección. Este 2023 ha estado marcado por los conflictos sindicales. En enero, se paralizó el paro previsto por los sindicatos médicos (Fasamet y CESM Aragón), al llegar a un acuerdo con el Salud que incluía limitar las agendas a un máximo de 35 pacientes al día para los médicos de Familia y a 28, para los pediatras. Para reducir las demoras se abrió la posibilidad de establecer agendas de apoyo en los centros de salud. También se garantizaban los descansos tras una guardia en el medio rural. Cómo avancen estas medidas y su reflejo en conseguir hora en un plazo razonable para una consulta médica será una de las asignaturas pendientes para la próxima legislatura.

Queda pendiente valorar la implantación de los acuerdos alcanzados con CSIF, CC. OO. y UGT en marzo, y que frenaron ‘in extremis’ el paro previsto en el sector sanitario, entre los que se incluyen la apertura de unos 40 centros de salud urbanos de 8.00 a 20.00, que se materializará a partir de 2024, o la implantación progresiva en tres años de la jornada laboral de 35 horas. Este punto, entre otros, motivó que Cemsatse haya salido de nuevo a la calle, pidiendo que se instaure ya, al igual que al resto del personal de la DGA.