Un Consejo de Gobierno extraordinario aprobará este martes, a petición de la Consejería de Hacienda, solicitar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 1.500 millones de euros. Para ello, se tendrá que presentar un plan de ajuste. A pesar de haber cerrado 2020 con superávit y 2021 en equilibrio presupuestario, impera el déficit de 2019, que fue el último ejercicio en el que estuvieron en vigor las reglas fiscales. Y aquel año, el de las elecciones, el cierre contable arrojó un déficit superior a los 230 millones de euros, cinco veces más del permitido (0,1%del Producto Interior Bruto, unos 37 millones).

Los 1.500 millones que se obtendrán del FLA irán destinados a afrontar vencimientos de deuda por amortizaciones (1.334 millones), a devolver las liquidaciones negativas de la financiación autonómica de 2008 y 2009 (35 millones) y a asumir el déficit previsto para 2023, un 0,3% del PIB, unos 131 millones.

No ha podido la DGA beneficiarse del cumplimiento de la tasa de referencia que ha sustituido al objetivo de déficit en los dos últimos años. Por ello ha de recurrir al FLA_y presentar al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero un plan con medidas estructurales para que se autorice el pago por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Entre las medidas figuran el compromiso de afianzar la sostenibilidad de las cuentas de la Administración a través de una nueva cultura de gasto. En el presupuesto de 2021, se incluyeron medidas de responsabilidad en gestión económica como la obligación de no adquirir compromisos de gasto sin créditos suficientes. Entre los compromisos, que deben ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, se incluyen cambios en las estructuras que deben facilitar ahorros en la gestión, más control en las cuentas públicas y cambios normativos para captar empresas, como los que ya están en vigor, porque facilitan un repunte de la actividad económica.

El plan de ajuste incluye, también, el ahorro de tramitación que se deriva de la nueva ley de simplificación administrativa, la ley de apoyo al fomento del emprendimiento del trabajo de los autónomos y el anteproyecto de ley de economía social.

Con estas medidas y las que se han incluido en planes anteriores, el Ministerio de Hacienda tendrá que decidir si autoriza que Aragón pueda adherirse una vez más al FLA.

Ejecución de las cuentas de 2022

Deslizó el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, que el Gobierno de Aragón tendrá que aplicar un plan de ajuste para recibir 1.500 millones del FLA en las Cortes, donde defendió la ejecución de las cuentas de 2022 con las cifras que se conocen hasta ahora. Estuvieron amparadas, según defendió, en unas "previsiones fiables y creíbles, que se hicieron desde la prudencia y se ejecutaron al 100%. Todo ello, con estabilidad presupuestaria, le pese a quien le pese", advirtió.

Compareció en las Cortes a petición de la diputada del PP Carmen Susín, que denunció que los presupuestos de 2022 son "los segundos menos ejecutados de la historia". Previó, además, que Hacienda "va a volver a tener un problema de tesorería muy serio", porque, según los datos que aportó, "la diferencia entre el gasto comprometido y el pagado es de 761 millones de euros".

Difieren las cifras del Gobierno y del PP porque se basan en parámetros diferentes. Al referirse a la ejecución del gasto, Pérez Anadón tomó como referencia el crédito inicial, obviando la aportación de los fondos europeos que se pueden ejecutar hasta 2026. Más allá del sobrado cumplimiento de los ingresos a través de los impuestos (3.702 millones en derechos reconocidos netos, el 100,8%), que el PP y Vox achacaron a la "voracidad recaudatoria" del Gobierno, recalcó que el de 2022 ha sido, con 6.097 millones (1.064 más de los que se registraron en 2014), el presupuesto no financiero más elevado de la historia.

Más que el Ayuntamiento

Pérez Anadón miró al Ayuntamiento de Zaragoza, atendiendo a que el PP quiere "salvar Aragón con un líder nacido y renacido desde la plaza del Pilar", en referencia a Jorge Azcón. Aseguró, en este sentido, que sin contar los fondos europeos, la ejecución en la DGA está "10 puntos por encima del Ayuntamiento, del 81 al 91%" y con ellos, dos puntos. "Si esperan que la solución venga por ahí que venga con otro librillo que no sea el suyo", ironizó.