Las Cortes de Aragón han aprobado una declaración institucional en la que exigen a las administraciones públicas que, dentro de sus competencias, impulsen las medidas necesarias para la erradicación del chabolismo y la infravivienda en Aragón.

Para ello, piden que se comience realizando un estudio detallado y actualizado en toda la Comunidad Autónoma sobre ambas realidades, con el objetivo de planificar las acciones adecuadas y enfocar los recursos disponibles, así como impulsar la promoción de vivienda social.

Según el texto que se ha leído al inicio de la sesión plenaria de este jueves, con datos del Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana de 2015 en España todavía persisten unos 270 asentamientos chabolistas.

Pese a que los datos muestran un avance en las últimas décadas (en 1991 un 10 % de la población gitana vivía en chabolas frente al 2,17 % en 2015), en los últimos años se ha producido un estancamiento en esta progresión.

En Aragón, según el texto de las Cortes, los indicadores de desigualdad muestran un escenario "relativamente positivo" en el periodo 2008-2020, pero el porcentaje de personas que están en situación de riesgo de pobreza continúa siendo "bastante preocupante", con un 18,8 % de la población aragonesa en esta situación.

El Parlamento aragonés asegura que España, la cuarta economía europea, "no puede permitir espacios persistentes de marginación y segregación, donde viven familias hacinadas, en situación de exclusión severa y discriminación, donde la pobreza se trasmite de generación en generación, condenando a las generaciones futuras".

Y por eso, la erradicación del chabolismo y la infravivienda debe ser un "objetivo claro" de los poderes públicos, pero siempre bajo un paraguas de protección y garantía de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los compromisos políticos adquiridos.

Porque la existencia de asentamientos chabolistas es, según la declaración, "un problema estructural, persistente en el tiempo, discriminatorio y que es preciso erradicar por una cuestión de justicia social y de derechos humanos".

Agregan que el chabolismo, además de ser una vulneración del derecho a la vivienda, "cronifica situaciones de pobreza, exclusión y de discriminación, limita cualquier oportunidad de avance social para quienes viven en esos contextos e impide que se garanticen derechos fundamentales, como a la integridad física y moral, a la intimidad personal o a la inviolabilidad del domicilio".

Las Cortes también piden medidas respecto a la infravivienda existente, especialmente la vertical, donde las familias carecen de los bienes más básicos, suministro eléctrico o agua y hay un muy alto índice de ocupación que las convierte en hacinamientos.