Hasta 180.000 votos sumó el PAR, el 28,5% del total, en la segunda legislatura, la que presidió, con 19 escaños, Hipólito Gómez de las Roces en coalición con Alianza Popular (AP). Fue el techo de un partido que se estancó en el actual mandato por debajo de los 33.978 sufragios, aunque con tres parlamentarios que resultaron determinantes para decantar el Gobierno aragonés hacia el centroizquierda. Nunca en el siglo XXI superó los diez escaños. Aunque tuvo un papel protagonista al fijar quién tomaba las riendas de la DGA.

El PAR acusó el despegue de Ciudadanos, que disparó hasta los 12 escaños su presencia en las Cortes de Aragón gracias a los 110.517 sufragios alcanzados. Captó votantes del centroderecha, y llegó a tener en su mano unirse en coalición con el PSOE para formar Gobierno. Con una política de alianzas dictada desde Madrid, con Albert Rivera al frente de los liberales, se frustró un pacto con Javier Lambán, que consiguió, con el PAR de Arturo Aliaga, tejer un cuatripartito «moderado, centrado y trasversal».

Los partidos de centro han sido claves, hasta ahora, para afianzar en Aragón la gobernabilidad. El PAR, el clavico del abanico, ha formado parte del Ejecutivo autonómico en todas las legislaturas menos la primera, la que lideró Santiago Marraco, y la novena, donde se constituyó un gobierno de coalición entre el PSOE de Lambán y CHA.

Esta crisis del PAR, con la guerra sin cuartel entre críticos, díscolos y oficialistas, puede arrastrar al partido a la desaparición. La presentación del recurso a la sentencia que tumbó el último congreso implica la judicialización de la formación, que afrontará las autonómicas y municipales en vilo, pendiente de la decisión del juez.

Hasta las primarias que los díscolos plantean para finales de febrero podrían acabar judicializadas al ser convocadas por una Ejecutiva que, según la línea mantenida hasta ahora por los críticos, no estaría legitimada para impulsar el proceso.

Afrontan días complejos los aragonesistas, por una pérdida de confianza que durante los últimos meses ha ido cada vez a más. Uno de los puntos de inflexión se vivió el mismo día en el que el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) aprobó el presupuesto. El día 29 de diciembre, mientras Aliaga votaba a distancia desde el hospital y los diputados Jesús Guerrero y Esther Peirat defendían las cuentas, los cabecillas de los díscolos compartían distendidos confidencias en torno a la mesa de un restaurante, y también estrategias.

Unos días después llegó la decisión de recurrir la sentencia, que en el juzgado se aceptó antes, incluso, de que se diera respuesta a la aclaración que pidió Aliaga el 16 de diciembre para saber cómo se debía convocar el congreso y a quién le correspondía hacerlo para corregir los errores y devolver al PAR a la senda de la normalidad.

A un abismo se asoma el PAR, por lo que Aliaga llama un «puzle de ambiciones». Si alguien lo destruye, avisa de que «tendrá que dar cuentas por ello». Entre acusaciones de opas hostiles y absorciones se sigue, de cerca, la crisis del PAR, una formación que, a pesar estar en caída libre desde hace 28 años, ha resistido pactando a derecha e izquierda guardando la llave para formar gobiernos.

Si la situación del PAR es crítica, no le va a la zaga la que arrastra el partido liberal. Carga su coordinador autonómico, Daniel Pérez Calvo, con quienes están a disgusto y no se acaban de ir. Le preocupa que puedan adulterar el crucial proceso de primarias que determinará quién asume la presidencia de los liberales, y con quién deberán pactar. No se dejará tentar por el PP, avisa. E invita a los desencantados a devolver sus actas. Llevará, además, al pleno de las Cortes una proposición para reforzar el pacto antitransfuguismo, propuesta que no apoyan todos los de su grupo. Algunos están cerca de los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, las cabezas visibles de los desencantados.