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Ballestín: “El sector progresista del CGPJ ha tomado una decisión acertada. Pero esto no recompone la Justicia”
El presidente de la Audiencia de Zaragoza denuncia que la Justicia arrastra un serio problema desde 2018 porque el PP no acepta nombrar los vocales del CGPJ.
El presidente de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Ballestín, ha reconocido que el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “se ha visto obligado a renunciar a su candidato”, el magistrado aragonés José Manuel Bandrés, porque era “la única posibilidad que había de superar la situación anómala que el sector conservador había creado”.
En declaraciones a HERALDO, Alfonso Ballestín, coordinador de la asociación Jueces para la Democracia en Aragón, destaca que Bandrés “tenía acreditados sobrados méritos para ser nombrado, muchos más que los dos candidatos que finalmente han sido aceptados por unanimidad (César Tolosa y María Luisa Segoviano), pero tenía un demérito muy importante y trascendental: no dejarse querer por los vocales conservadores”. “Es lamentable”, señala.
Sobre la necesidad de aceptar estos nombramientos por los progresistas, el presidente de la Audiencia de Zaragoza asegura: “Creo que ha sido una decisión acertada y responsable porque ha permitido hacer realidad la renovación del tercio de magistrados del Tribunal Constitucional que tenía el mandato caducado desde el pasado mes de junio, en concreto de los dos que designó el Gobierno y de los dos cuya designación correspondía al CGPJ, y con ello modificar la correlación de los sectores que lo integran, quedando finalmente su composición con mayoría progresista”.
Sobre si con esta decisión puede servir para recomponer la anómala situación de la Justicia, Ballestín apunta que “con esta decisión de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondían, el Consejo General del Poder Judicial lo único que ha hecho ha sido algo tan obvio como cumplir la ley, esto es, lo que debió haber hecho ya en el mes de junio, cuando venció el mandato del tercio que debía ser renovado”.
“Esto no recompone la justicia, en absoluto”, agrega, “pues seguimos con un serio problema que arrastramos desde finales del año 2018, generado exclusivamente por falta de voluntad política del Partido Popular para que se cumpla el mandato constitucional de nombrar nuevos vocales del CGPJ, según marca la ley, incumplimiento que viene produciendo, a la vez, los subsiguientes efectos colaterales de falta de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos judiciales”.
El atropello de paralizar al Senado
Asimismo, con la reciente freno del Senado que acordó el Constitucional ante la reforma exprés del Gobierno, Alfonso Ballestín calificó de “insólita la decisión” de un tribunal que está “dividido” porque está “paralizando el debate parlamentario sobre una iniciativa legislativa, a instancia de un partido político que lleva cuatro años incumpliendo la Constitución”. “Constituye un atropello sin precedentes al sistema democrático, pues supone una intrusión injustificada e injustificable en la autonomía del poder del Estado en el que reside la soberanía popular”, sostiene.
“El mal ya está hecho pero, afortunadamente, la reciente decisión del Consejo General del Poder Judicial, nombrando los dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondían, deja ya sin virtualidad práctica el propósito de modificar la mayoría cualificada que se exige actualmente para esos nombramientos”, agrega. “Solo nos queda confiar en que esta anómala decisión del Tribunal Constitucional no siente precedente en el futuro, al menos eso cabe esperar con su nueva composición”.
Un año y medio sin magistrados del Supremo
Por otro lado, el presidente de la Audiencia de Zaragoza denunció que “hace ya un año y medio que están paralizados por ley los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y demás cargos judiciales cuya competencia viene atribuida al Consejo General del Poder Judicial, situación que es previsible que permanezca hasta que se nombren nuevos vocales”. “Es de esperar que solo cuando el Partido Popular deje de ser insumiso al mandato constitucional podamos recuperar la normalidad en esta cuestión”, denunció.
Sobre cómo va a afectar al funcionamiento de los tribunales esa carencia de nombramientos, Ballestín señala que “evidentemente, cada vez se deteriora más la situación en que se encuentra el Tribunal Supremo, pues van quedando vacantes que no se cubren pero, vista la actitud política del Partido Popular, negándose a la renovación de un Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace más de cuatro años, soy pesimista sobre las posibilidades de solución del problema a corto o medio plazo”.
Por otro lado, respecto a la reforma del delito de malversación aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, el magistrado aragonés señaló: “Por respeto al poder legislativo, prefiero no opinar sobre esta cuestión. Como juez me limitaré a aplicar la norma, que es mi obligación”.
