La Fiscalía pide anular el congreso del PAR que reeligió a Aliaga por "irregularidades"

Alude al alta en bloque de 311 afiliados fuera de plazo, a la designación privilegiada de alcaldes como compromisarios o a la numeración de las papeletas de votación, tal y como denunció el crítico Xavier de Pedro.

Xavier de Pedro, denunciante de las irregularidades del congreso del PAR, junto a la líder del sector crítico del partido, Elena Allué (de blanco), antes del juicio celebrado este miércoles.
En el centro, Xavier de Pedro, denunciante de las irregularidades del congreso del PAR, junto a la líder del sector crítico del partido, Elena Allué, antes del juicio celebrado este miércoles.
José Miguel Marco

La Fiscalía ha solicitado este miércoles la nulidad del congreso del PAR en el que salió reelegido por la mínima Arturo Aliaga hace poco más de un año ante las irregularidades denunciadas por Xavier de Pedro, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y que, a su juicio, se han constatado con las pruebas y la declaración de los testigos. Entre ellas, 311 afiliaciones fuera de plazo y parte de ellas pagadas en bloque que pudieron influir en el resultado del cónclave, como también la designación privilegiada de alcaldes como compromisarios, la “minoración” del peso de los militantes de la capital a la hora de participar o la numeración de las papeletas para votar.

Por todo ello, ha concluido en su intervención final en el juicio celebrado este miércoles que existen "irregularidades sobradas para estimar la demanda". El fiscal Samuel Flores ha destacado una de las cuestiones más polémicas, la afiliación en bloque sin cumplir el plazo fijado por el partido, que establece que solo se acepta como censo los dados de alta con tres meses de antelación a la fecha de fijación de la convocatoria, que se concretó el 21 de junio de 2021. Esto ya provocó acusaciones de "pucherazo" durante el tenso cónclave, celebrado los días 23 y 24 de octubre de ese mismo año.

Y lo ha justificado con que “de repente, muy cerca de esta fecha” hubo dos reclamaciones colectivas para afiliar a 289 y 22 personas presentadas, respectivamente, por el ahora secretario general y principal apoyo de Aliaga en el congreso, Alberto Izquierdo, y del portavoz de las Cortes y líder provincial en Huesca, Jesús Guerrero. Para respaldarlo, ha aludido a la declaración del entonces número dos del partido, Joaquín Serrano, que ha apuntado las irregularidades en la afiliación al faltar datos de los afectados y, especialmente, al “pago colectivo” de la cuota de más de 60 personas por parte de la mano derecha de Izquierdo, el alcalde de Orihuela del Tremedal, Rafael Samper, o al alta de jubilados "sin justificar" la exención en el pago.

El fiscal ha hecho suya la demanda y ha expresado la discrepancia sobre la fecha de la convocatoria, clave para el corte en las nuevas afiliaciones que pudieron inclinar un congreso que ganó el presidente del PAR y vicepresidente de la DGA, Arturo Aliaga, por tan solo 20 votos de diferencia frente a la líder del sector crítico y ex directora general de Turismo, Elena Allué.

Esta cuestión ha salido a relucir en las declaraciones de los ocho testigos que ha comparecido este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Zaragoza, que deberá ahora resolver la causa abierta con antelación al congreso, ampliada con posterioridad ante los hechos descritos. En la demanda por vulneración de derechos fundamentales se plantea que la elección de la nueva dirección aragonesista fue "antidemocrática y nula" por entender, entre otras cuestiones, que la inscripción en bloque de 311 afiliados y las "ilegalidades" del reglamento del congreso suponían un "atropello".

El exconsejero y ex secretario general técnico de Industria, Javier Callizo, ha sido el más contundente de todos los testigos sobre la cuestión nuclear y ha subrayado que el congreso se convocó por unanimidad en enero de 2020 para celebrarlo en junio del año siguiente, por lo que no se podían admitir más militantes con posterioridad a octubre de 2019 a efectos de censo de participantes. Eso se hizo por decreto del propio Aliaga en septiembre de 2021, a poco más de un mes de enfrentarse al designio de los compromisarios. "El estupor fue inenarrable cuando abrí el borrador de reglamento y vi que el congreso se había convocado en junio de 2021, sacando una fecha por arte de magia", ha declarado.

De la misma forma, ha aludido a la polémicas altas de afiliaciones en bloque de 311 personas, que le generó "sorpresa mayúscula" cuando las bajas eran una constante en las ejecutivas desde 2015, especialmente en los dos últimos años. Y recordó que el ex secretario general, Joaquín Serrano, lo atajó en una ejecutiva al señalar que habría que verificarlas. "En este partido no se entra de rondón, por lotes, por lo que difícilmente se podría aprobar", ha subrayado.

En esta cuestión se ha centrado el propio Serrano, igualmente llamado a declarar por la parte demandante, quien se ha manifestado en similares términos, hasta el punto de señalar que ordenó parar el proceso de altas porque había "bastantes irregularidades". Sobre las 311 reclamaciones presentadas  por Izquierdo y Guerrero, ha señalado que no había ninguna manifestación de representación, que  más de 60 cuotas tuvieron un único pagador y que otra decena  se abonaron desde la misma cuenta cuando deben ser nominativas. Además, faltaba documentación de otras altas de jubilados exentos de pago. "Dije que no aceptaba eso y solo seis u ocho cumplían", ha recordado.  

A estas irregularidades se han referido igualmente los dos trabajadores del partido, tanto el responsable de tramitar las afiliaciones, Juan Madre, como el administrativo que gira las cuotas, José María Bescós, citados por la parte demandante. El primero ha recordado la orden de paralización de Serrano y ha reconocido que hacía años que no había tantas altas, así como el pago en bloque de 64 cuotas, que sumaban 1.536 euros, por parte de la mano derecha de Izquierdo. "No es habitual, aunque hay personas que pagan tres, cuatro o cinco cuotas", ha dicho. 

Su compañero ha ido más lejos al referirse a que ese "pago anómalo" de 1.536 euros se hizo en junio de 2021 y lo hizo constar tanto su informe mensual al administrador, Luis Estaún, como posteriormente en septiembre ante la falta de respuesta. "El Tribunal de Cuentas, conforme a la Ley de Financiación de Partidos, no acepta esos ingresos, ya que deben ser nominativos, identificando a cada una de las personas", ha añadido.  

De la misma forma, Callizo ha cuestionado la "discriminación flagrante" de compromisarios por Zaragoza al "minimizar" la representación proporcional al igualarla con la de la "comarca más pequeña". Así, apuntó que se designaron 5 representantes frente a los 60 del anterior congreso.

Igualmente, ha respaldado otra de las denuncias, la designación "a dedo" de la mesa por parte de la comisión organizadora y no por parte de los compromisarios del congreso, lo que permitió al sector oficialista colocar a tres integrantes de su lista y tener el control. "Fue antidemocrático, un congreso bajo vigilancia", ha dicho.  

Sobre el censo, solo el gerente de Turismo de Aragón, Idelfonso Salillas, se ha desmarcado al señalar que no se acordaba si Serrano, que empezó a faltar a las reuniones de partido por motivo de salud, llegó a expresar su oposición. "Se dijo que debía ser un congreso muy participativo y sé que entraron nuevos afiliados", ha apuntado.

Otras de las cuestiones en discusión son las papeletas numeradas con las que votaron los compromisarios, que motivó múltiples críticas durante el congreso. A este respecto, el senador del PAR, Clemente Sánchez Garnica, ha asegurado que como presidente de la mesa del congreso, propuesto por la comisión organizadora sin objeción de las dos candidaturas, se le comunicó que fue "por un error de imprenta". Este hecho lo trasladó en el cónclave, ha recordado que nadie le pidió que se retirasen y que era  "imposible que fuera relevante para influir en la intención de voto". Esta tesis la ha ratificado Joaquín Peribáñez, interventor por el sector oficialista en el congreso, quien ha indicado que no hubo quejar por parte del representante de los críticos, Miguel Ángel Gorbe.

Para la defensa de De Pedro, ejercida por Olga Oseira, en la vista han quedado suficientemente acreditadas las irregularidades cometidas para que la candidatura oficial "ganara el congreso a cualquier precio". Por contra, la abogada del PAR, Cristina Llop, ha negado que se vulneraran los derechos de De Pedro para participar como afiliado en el Congreso y ha recalcado que todas las decisiones se tomaron por mayoría democrática, en las comisiones. Y ha añadido que no hubo impugnaciones sobre las infracciones denunciadas.

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