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Las víctimas del Valle de los Caídos se querellan por prevaricación contra la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial
La denuncia cuestiona que no reactiva la licencia municipal para acceder a las criptas de la Basílica para exhumar los restos de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás.
Las víctimas del Valle de los Caídos, como la familia aragonesa de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás (fusilados en la Guerra Civil y trasladados al mausoleo franquista en 1959), han presentado este jueves una querella por prevaricación contra la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López Esteban, por impedir la exhumación de restos que decidió hace más de seis años el Juzgado de Primera Instancia número 2.
Según explica el abogado Eduardo Ranz Alonso, este jueves presentaron la querella después de que los investigadores hayan determinado que existe “un alta probabilidad” de que los restos de los hermanos Lapeña Altabás se encuentren en el cementerio del Valle de los Caídos. Estaba previsto realizar las actuaciones pertinentes para que fueran entregados a su familiar María Purificación Lapeña Garrido.
En la denuncia critican que hace un año, el 24 de mayo de 2021, tras haber recabado todos los informes preceptivos, se acordó por la Junta del Gobierno Local de San Lorenzo del Escorial conceder la licencia de obra para proceder a la exhumación en el interior del Valle y recuperar a los olvidados.
Pero en noviembre del mismo año, el Juzgado Contencioso Administrativo 10 de Madrid suspendió dicha licencia y luego el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó dicho auto y ratificó la legalidad de la licencia urbanística para acceder a las criptas de la Basílica de Santa Cruz que otorgó el Ayuntamiento.
Negativa de la alcaldesa
A pesar de este proceso judicial, la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, que es licenciada en Derecho y pertenece al Partido Popular, rechazó activar dicha licencia tras la decisión del TSJM y no autorizó la exhumación. ¿Qué ha cambiado en el último año para variar la decisión municipal basada en informes preceptivos? El abogado de las víctimas considera que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación de la alcaldesa por dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, como determina el artículo 404 del Código Penal.
“La negativa a reactivar la licencia de actividad municipal vulnera la reparación de las víctimas, así como el principio constitucional de la dignidad de las personas, reforzando violaciones de derechos humanos”, señala el letrado. Agrega que reactivar la licencia municipal representa la única opción de cumplir el mandato judicial y administrativo de Patrimonio Nacional, pero su negativa como ha decidido la alcaldesa “es un abuso contra la reparación de las víctimas además de una discriminación respecto a la licencia de obra menor, dictada en el precedente inmediato anterior”, como fue la exhumación de Francisco Franco en el año 2019.
En la querella se denuncia que no se puede dar una apariencia de legalidad a una conducta inhumana de la alcaldesa y eso es susceptible de la querella por prevaricación. Asimismo, detallan que la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil había generado una “enorme expectación” en la sociedad española y hasta en las Naciones Unidas porque sus relatores como Pablo de Greiff han realizado inspecciones en España desde 2014. Por eso, denuncian que hay “trascendencia social de este tipo de abusos, en los que se mezclan un posible delito de prevaricación, con una animadversión al campo de la memoria histórica, democrática o civil”.
