El Gobierno aragonés quiere promover "la mayor implicación de los varones en el cuidado de la infancia" para avanzar hacia la igualdad y cortar la transmisión de "roles sexistas". Es el "objetivo central" del anteproyecto de ley de apoyo a las familias que recibió ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno y que recoge medidas, algunas ya de ellas en marcha, que implican un coste total de 172 millones de euros. El Ejecutivo autonómico se compromete a "fomentar la aplicaciones de horarios racionales y flexibles en las empresas aragonesas, y así mejorar tanto su productividad como la satisfacción personas y familiar y la optimización del clima laboral".

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, destacó que se trata de una ley "ambiciosa", acorde a la realidad del siglo XXI, que abarca todos los ámbitos que afectan a las familias, desde la educación, a la sanidad, los servicios sociales o el empleo, y que tiene como principal foco atender a la nueva realidad familiar que existe en la sociedad. Tiene en cuenta las características territoriales de Aragón, especialmente la despoblación, la dispersión territorial y el envejecimiento, y se compensarán en las medidas fiscales de la futura norma.

Incorpora un capítulo íntegro para tratar la diversidad familiar, que no está recogida en la actual, en el que se reconoce el apoyo del Gobierno de Aragón a los nuevos modelos y a la no discriminación.

Pérez confía en que dé tiempo a aprobar la ley esta legislatura. La norma actualiza la que data de 2014, a través de la inclusión de 50 artículos y varias disposiciones adicionales. Las medidas serán de aplicación a todas las familias empadronadas en Aragón, en los diversos formatos posibles.

Presta una especial atención a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y también a la corresponsabilidad con el objetivo de lograr una sociedad "justa y de calidad". Plantea, para ello, acciones destinadas al sector privado y a la Administración, si bien en el ámbito público muchas de ellas ya se están aplicando.

En el sector público, se incluirán en los criterios de solvencia y adjudicación de contratos que las empresas establezcan medidas de conciliación.

En el ámbito educativo, se impulsará una red que atienda a los menores de tres años y se contemplará el domicilio familiar como criterio prioritario en la elección del centro educativo. Tendrán preferencia las familias monoparentales, las numerosas y las que tengan necesidades educativas especiales. Se buscará compatibilizar los horarios laborales y escolares, priorizando el interés de las familias, y se abrirán los centros en periodos no lectivos.

La norma contempla, en materia de servicios sociales, la ayuda a la contratación por parte de las familias a personas cuidadoras en sus domicilio y se crearán espacios compartidos que posibiliten la convivencia intergeneracional.

En el sector privado, se primará en los criterios de baremación al conceder subvenciones, a las empresas que adopten medidas que faciliten la conciliación, se impulsará la elaboración de planes de igualdad, se fomentarán horarios "racionales y flexibles" y se darán ayudas para crear servicios de atención a los hijos en el lugar de trabajo.

Conciliación en el sector público

También en la Administración se impulsarán los horarios racionales y la flexibilidad para facilitar la conciliación, y se establecerán tiempos efectos de trabajo más amplios y flexibles. La norma incluye habilitar un sistema de prestaciones de acción social a favor de los funcionarios "que les compense parte de los gastos ocasionados por el pago de servicios para el cuidado y atención de menores y de dependientes". Se regularán, además, permisos y licencias y se aceptará la reducción de horarios en periodos estivales o de fiestas locales que se adaptarán, en la medida de lo posible al calendario escolar. La apertura y el cierre de la Administración se fijarán con criterios de "racionalidad y conciliación" y se promoverá el trabajo a distancia.

Tras el Consejo de Gobierno se refirió Mayte Pérez al anuncio del ministro de Cultura, Miquel Iceta, de reunir en otoño el Patronato del Archivo de la Corona. Es "un signo de normalidad" y una "grandísima noticia", resaltó. Recordó que el Ejecutivo aragonés había solicitado esa reunión desde que Javier Lambán accedió a la Presidencia, en 2015.