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La Delegación Saharaui de España dice que desconoce dónde vive el hijo de Gali
Responde al juez Rafael Lasala con tres líneas a un cuestionario remitido a finales de mayo, tras ampliar seis meses la instrucción después del archivo de la causa de la exministra de Asuntos Exteriores.
El juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, no quería cerrar en falso el proceso abierto sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, cuando la Audiencia de Zaragoza archivó el pasado 26 de mayo la causa contra la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por delitos de prevaricación y encubrimiento, y amplió la investigación durante seis meses. Poco después de decicirlo, el juez remitió una serie de cuestiones a la Delegación Saharaui en España.
A la pregunta de si la Delegación Saharaui en España pueda aportar el domicilio en España de Luali Brahim, el hijo del líder del Frente Polisario, que entró en un avión del Gobierno de Argelia en la Base de Zaragoza el pasado 18 de abril de 2021, la contestación es muy escueta en tres líneas: “Sobre las cuestiones que nos plantea en el escrito que hemos recibido, le comunicamos que no tenemos ninguna información sobre este hecho”.
El juez trasladó un escrito a los saharauis en su delegación situada en Madrid para que su responsable, Abdullah Arabi , respondiera si tuvo conocimiento previo a su llegada a España de Brahim Gali, afectado por covid-19, en abril de 2021. En caso de que así fuera, si conocieron “antes o después” la razón por la que se eligió España para su “asistencia sanitaria” y, en concreto, “el Hospital San Pedro de Logroño”.
Asimismo, el instructor quería saber qué personas de la delegación saharaui “estuvieron presentes en el momento del ingreso de Brahim Gali en el citado Hospital”. Quería así conocer quién aportó su identificación falsificada en el centro hospitalario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche, de acuerdo al pasaporte que aportaba y que se expidió el mismo día que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza.
Por otro lado, el juez reclamaba a los saharauis que les informen sobre cómo se gestionó la llegada a España y la asistencia médica de Brahim Gali, para informar sobre qué personas contactaron con las autoridades españolas para pedir su traslado y quienes fueron las contactadas.
De hecho, en su escrito el instructor quiere saber si en la citada delegación del pueblo saharaui en España “se tenía conocimiento por quien o quienes solicitaron la asistencia médica que Brahim Gali tenía alguna causa penal abierta en España” y si fuera así, si ese extremo se puso de manifiesto a la autoridad o autoridades que atendían la petición de ayuda. Incluso precisa si “se pidió u ofreció” (por parte del Gobierno español) “alguna garantía para que no se practicara ninguna actuación judicial con aquel”.
Con esta contestación tan escueta y sin dar datos al Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, fuentes jurídicas señalaron que esta situación podría suponer el archivo definitivo de la causa abierta respecto a la llegada de Gali a España a la Base de Zaragoza sin tener que esperar los seis meses de instrucción.
El juez había solicitado la declaración como testigo de Luali Brahim, pero al no conocer su domicilio había solicitado a la Delegación Saharaui en Madrid para saber si tiene alguno en España con el fin de citarlo a testificar, como última declaración para aclarar la situación que vivió su padre enfermo al que acompañó en el avión del Gobierno de Argelia y al Hospital San Pedro de Logroño.
![Manuel Olle / 11-06-20 / Enrique Cidoncha [[[FOTOGRAFOS]]] [[[HA ARCHIVO]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_990_556/uploads/imagenes/2020/06/15/manuel-olle-11-06-2-34889517.jpeg)
Informes del CNI sobre Marruecos y Sáhara
En esta coyuntura judicial, el líder del Frente Polsario, Brahim Gali, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que reclame al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dos informes emitidos en mayo y junio del año pasado que mencionan una estrategia de Marruecos para “acosar a Gali” para presionar a España y lograr un cambio de postura sobre el Sáhara Occidental (como se produjo recientemente cuando el Gobierno español lo decidió el pasado 18 de marzo tras diez meses de crisis y el presidente Pedro Sánchez lo confirmó la semana pasada en el Congreso).
Esta petición fue realizada por el abogado aragonés Manuel Ollé, defensor de Gali, en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde queda abierta una querella contra el líder saharaui por detención ilegal, torturas y lesa humanidad, presuntamente cometidos en 2019 en los campamento de Tinduf (Argelia).
En dicho escrito, que mencionaba los escritos publicados por 'El País', señaló que “los servicios de inteligencia marroquíes activaron una doble estrategia judicial y mediática, con el fin de acosar a Gali y dificultar su movilidad, así como crear un estado de opinión en la prensa afines a sus intereses”. De esta manera, confirmaría “el destino de recursos” por parte de Marruecos “para reactivar los procedimientos judiciales interpuestos contra el frente Polisario y Brahim Gali” con el fin de “’presionar el Gobierno español, en aras a un cambio de posición favorable a Marruecos respecto del contencioso del Sáhara Occidental”.
Con esta petición, el jefe del Polisario pretende que el Juzgado Central de Instrucción 5 recabe unos “informes reservados” que elaboró el CNI el 18 de mayo y el 24 de junio de 2021, en plena crisis diplomática entre Rabat y Madrid. “Acreditarían, entre otros extremos, los motivos espurios y la finalidad fraudulenta que impregnan el presente procedimiento”.
