"Los primeros minutos son cruciales"

"Los primeros minutos son cruciales para evitar que la agresión vaya a más. Se trata de ganar todo el tiempo que pueda de cara a la autoprotección". Y ahí es clave aplicar la contención verbal, la escucha activa y la empatía, evitando el enfrentamiento directo. La inspectora Mercedes Garralaga, jefa de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional e Interlocutora Policial Sanitaria en Zaragoza, y su compañera, Cristina García, acudieron hace unos días al centro de salud de Valdefierro, para ofrecer a los profesionales consejos para evitar agresiones.

"Hablamos de cómo actuar antes, durante y después del incidente", explica. Desde la Policía Nacional resumen una serie de pautas para los sanitarios, como la importancia de contar con un plan prediseñado para afrontar eventuales situaciones violentas. Y, en este sentido, es fundamental cómo está configurado el lugar de trabajo, con vías de salida y retirando objetos que puedan resultar un arma improvisada para el agresor, como una grapadora o un bisturí, por ejemplo. Resulta clave, también, conocer las herramientas para pedir ayuda, como el teléfono del servicio de seguridad o el botón antipánico.

"No hay que intentar contener a una persona agresiva, debe primar la prudencia", subraya la inspectora, e intentar "conectar con esa persona para que no crezca la escalada de ira y mantener la calma". Entre las pautas que se ofrecen a los profesionales de centros de salud y hospitales figura que no se actúe en solitario con alguien que tiene un comportamiento conflictivo y se evite así la atención en un lugar cerrado, guardando una distancia mínima de seguridad de un metro. Y, si se percibe riesgo, avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "No hay que enfrentarse con el agresor ni dejarse acorralar, lo mejor es salir de ese lugar y pedir ayuda", asegura la interlocutora policial sanitaria en Zaragoza.

Entre los consejos para evitar agresiones a profesionales de la salud figura el presentar la denuncia correspondiente. "Lo que no se denuncia no existe", aclara la inspectora de la Policía Nacional. Tras la reforma del Código Penal de 2015, agredir o intimidar de forma grave a un profesional sanitario se considera delito de atentado, con penas de prisión de entre seis meses y tres años. Incluso cuando el ataque se produjese fuera de su lugar de trabajo, motivado por su condición de sanitario.