Aliaga cuestiona al gerente de Motorland por contratar la obra de su despacho sin autorización
El vicepresidente señala que el coste, 50.043 euros, duplica la cuantía a la que estaba autorizado y debía haber recabado el permiso del consejo de administración.
El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, ha cuestionado este miércoles al gerente de la Ciudad del Motor, Santiago Abad, por contratar la obra de su nuevo despacho y la reordenación del espacio de oficinas del circuito sin la preceptiva autorización del consejo de administración y saltándose el importe al que podía acoger, 25.000 euros frente a los más de 50.000 adjudicados.
Aliaga no ha tenido ningún reparo en afear la gestión de Abad en la sesión de control de las Cortes, pero no ha llegado a aclarar el futuro de este cargo de confianza a la diputada de Cs Jara Bernués, quien le ha preguntado por el anunciado consejo de administración para investigar las obras, cuya convocatoria no ha concretado el vicepresidente y que ha condicionado a la firma de la prórroga del contrato de Moto GP.
Bernués ha señalado que su grupo ha tenido acceso a los contratos y ha podido constatar que existen los informes de contratación, así como las memorias "valoradas, firmadas y selladas por todos los técnicos".
El también presidente de Motorland ha subrayado que la decisión de acometer las obras, adjudicadas en enero y finalizadas dos meses después, fue del gerente y ascendieron a 50.043 euros más IVA. La mayor cuantía corresponde a la propia obra, 24.124 euros, seguida por la del suministro del mobiliario (12.998 euros), las pantallas de televisión (6.371) y las tomas de electricidad (4.082). "El menos interesado en que se perjudique la imagen de Motorland soy yo", ha manifestado Aliaga.
El vicepresidente ha subrayado que Abad tiene una limitación de 25.000 euros para contratar, pero las obras duplicaron el importe "sin conocimiento del consejo de administración". Además, ha recriminado al gerente el fraccionamiento de los contratos: "Aquí, en la memoria valorada, hay obras por 1.800 euros, otras de 16.000 que finalmente son 24.000; tomas de electricidad por 4.000 y mobiliario por 12.000".
A continuación, Arturo Aliaga ha concluido reiterando que, al menos, el gerente debería haber informado al consejo de administración, sobre todo cuando la sociedad pública arroja pérdidas.
