Lustros de cambios con similares reivindicaciones

Cuando Aragón estrenaba Autonomía, la fotografía del sector agrario de aquellos primeros años de la década de los 80 mostraba matices que poco tienen que ver con su imagen actual. La agricultura y la ganadería ocupaban entonces a la cuarta parte de la población activa aragonesa y aunque su pirámide poblacional hablaba de un prometedor relevo generacional la jubilación en estas actividades se alargaba hasta una edad ahora inimaginable, quizás porque lo que no se podía pensar era en subsistir con la pensión que quedaba.

Era un sector masculinizado, con escasa presencia femenina en las explotaciones y en las granjas, mucho menos en las cooperativas y en las primeras líneas de un sindicalismo agrario que se había estrenado hacía apenas unos años.

Era ya un sector mecanizado en el que se dejaban ver destellos de una mayor tecnificación, aunque no era una sorpresa encontrar a agricultores que se ayudaban de la tracción animal para realizar sus tareas. Y todavía la agricultura, con unos precios intervenidos, vivía pendiente de las políticas agrarias españolas y no perdía de vista a dos organismos, llamados Forppa y Senpa, dependientes del Ministerio de Agricultura, que decidían sobre las producciones agrarias y sus cotizaciones.

Así ha cambiado el sector agrario durante las cuatro últimas décadas

Poco queda ya de esa imagen. En estos 40 últimos años el sector ha ido perdiendo el peso que hasta ahora tenía en el mercado laboral, en el que ahora apenas representa el 5% de la población activa. Sigue siendo un sector envejecido, aunque desde 2016 se han incorporado a la actividad, con el impulso de los apoyos públicos 1.856 jóvenes. Savia nueva que, sin embargo, no consigue rebajar una edad que supera de media los 60 años.

La mujer ha dado un paso adelante y, aunque queda camino por recorrer, se hace más visible tanto sobre el tractor o gestionando la crianza de los animales como tomando decisiones en los consejos rectores y liderando áreas en las organizaciones agrarias. Como dicen las cifras oficiales, actualmente se contabilizan en Aragón 10.238 mujeres titulares de una explotación agraria y hay 11.078 féminas declarantes de la PAC. Pero, en términos relativos, todavía siguen representando únicamente el 25% de los efectivos agrarios de la Comunidad, lo que explica también que sean pocas las mujeres que toman el mando en órganos directivos de la cooperativas, comunidades de regantes o sindicatos agrarios.

Pero han sido otros los cambios que han marcado su evolución. Fue con el Gobierno de Santiago Marraco, en los primeros pasos del recién estrenado Estatuto de Autonomía, cuando comenzaron a llegar a Aragón las competencias en materia agraria, no sin tener que salvar las muchas reticencias y requiebros que mostró el Ejecutivo de Madrid para desprenderse del control de algunas materias tan importantes para la región como los regadíos.

Sin embargo, la verdadera revolución del sector no tuvo nada ver con gobiernos de apellido aragonés. Ni siquiera español. En 1986, España entraba a formar parte de la Comisión Económica Europea (ahora Unión Europea), una adhesión que, según coinciden en recordar todas las voces del sector, exigió un alto precio y cuya factura salió especialmente de los bolsillos de los profesionales agrarios.

Llega la PAC

Fue entonces cuando el sector dejó de centrar su mirada en los despachos de Madrid, incluso de Zaragoza, para no perder de vista a Bruselas, donde se gestan las decisiones que la Política Agraria Común (PAC) que tantos quebraderos ha dado (y sigue dando) al sector. Porque esas siglas que escondían en su inicio una apuesta intervencionista y productivista ha ido mudando, reforma tras reforma, a un sistema de subvenciones a la renta que aplica un pago único referenciado a derechos históricos de producción o de cabezas de ganado que tanto critican los profesionales agrícolas.

Su último capítulo ya está escrito –aunque Bruselas ha exigido correcciones–, con muchas más líneas verdes y una clara ambición medioambientalista que no terminan de entender ni aceptar aquellos que deben cumplirla. Entrará en vigor en enero de 2023 y aunque se diseñó para todos los socios comunitarios, ha sido cada Estado miembro el que la ha concretado en un plan estratégico nacional que, en el caso español, no cuenta con la aprobación aragonesa, que esperaba una reforma "profunda, valiente y que garantizara un futuro sin derechos de cobro del pasado".

En el viaje por las últimas cuatro décadas la fisonomía del sector agrario ha sufrido notables cambios. Hay cultivos que han desaparecido, como el tomate –muy presente en las Cinco Villas– que presintió su fin en el mismo momento en que la empresa Heinz Orlando anunció el cierre de su fábrica de Ejea en 1998. Los hay, como el almendro, que han experimentado un destacado avance, impulsado por una constante y puntera innovación en variedades con marca aragonesa, que han convertido a la Comunidad en referencia y vanguardia de la investigación y la transferencia en estas producciones. Y los hay que se van abriendo paso en las tierras de cultivo mientras ganan presencia y prestigio en los mercado más exigentes, como la trufa negra y el azafrán.

Pero si hay un sector que ha protagonizado el cambio más espectacular ese es el porcino. Es, dentro de las actividades ganaderas, el que más ha crecido en censos y en transformación de sus sistemas de explotación y el que ha impulsado, en especial en los últimos años, las inversiones más millonarias.

Ahí están sus datos. En 1983 Aragón contaba con una cabaña porcina de casi 1,4 millones de efectivos productivos, el 11% del total nacional. Su producción final representaba el 16,4% del total agrario regional. Ahora aglutina un total de 4.650 explotaciones con un censo superior a los 8 millones de cabezas, emplea a más de 10.000 personas y supone el 68% de la producción final ganadera y el 43% de la facturación total agraria, que en 2021 rozó los 4.800 millones de euros. En torno a él se ha desarrollado una potente industria cárnica que lleva nombre aragonés (Fribin, Jorge o Costa), que ha llegado de comunidades vecinas (Valls Companys) o que ha atraído a grupos extranjeros, como el italiano Pini o el alemán Tönnies.

Pero, en un sector agrario cada vez más tecnificado, en el que ya no extraña que los tractores se guíen con GPS o que se utilicen sensores para pastorear el ganado, en el que los drones estudian las características del suelo para aplicar los fertilizantes o las plataformas digitales permiten programar cómo y cuándo alimentar el ganado, hay todavía imágenes que transportan a la crónicas de comienzos de los 80. Todas ellas se protagonizan en las calles, porque a lo largo de estos 40 años, las movilizaciones han sido una constante en el sector, cuyas reivindicaciones actuales aún tienen los ecos de aquellas que se exigían cuando Aragón se convirtió en Comunidad Autónoma. Durante los casi nueve años en que Carlos Romero fue ministro de Agricultura, entre 1982 y 1991, se organizaron protestas casi todas las primaveras por los precios y el temor a los efectos por la entrada en la actual UE. Los acuerdos tomados en Bruselas fueron el origen de grandes movilizaciones como la conocida como Marcha Verde en 1990. La defensa del olivar, los precios del gasóleo y el sempiterno rechazo a las reformas de la PAC jalonaron de manifestaciones los años 1996 y 1997 pero también las multitudinaria manifestación de 2009.

Y estos últimos años –con el obligado paréntesis por la pandemia– agricultores y ganaderos han tenido que desempolvar aquellas pancartas con las que en los 80 pedían precios justos y una PAC más social, porque a pesar de su gran transformación poco han cambiado sus principales reivindicaciones.