Las propuestas de sanción a la concesionaria del transporte sanitario urgente alcanzan casi los 435.000 euros

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha explicado este viernes en las Cortes de Aragón las incidencias ocurridas en diciembre de 2021 y el pasado mes de enero en el servicio de de transporte sanitario urgente en la Comunidad y ha adelantado que se han elevado dos propuestas de sanción a la empresa adjudicataria del transporte sanitario urgente, Acciona, por la superación del tiempo de sustitución de vehículos que no estaban operativos y por el incumplimiento respecto a la dotación de medios personales, con una cuantía de 178.697,07 euros y 256.193,24, respectivamente. En el primer caso, la empresa ya ha presentado alegaciones, que están "pendientes de análisis" y en el segundo se está a la espera de recibirlas. 

Además, ha asegurado que en estos dos meses se produjeron hasta 203 bajas no cubiertas (97 en diciembre y 106 en enero), que obligaron a suplir esas funciones “mediante la contratación de empresas externas” para “garantizar la asistencia a los ciudadanos”. Así lo ha asegurado en una comparecencia en la Comisión de Sanidad a propuesta del grupo parlamentario de Ciudadanos. La diputada de esta formación, Susana Gaspar, ha pedido a la consejera que “deje de mirar hacia otro lado” ante una gestión “caótica” que está afectando “a la calidad del servicio que reciben los aragoneses”. Para la portavoz de Cs, “la situación actual es consecuencia de la desidia del Departamento a la hora de afrontar las incidencias ocurridas durante la prestación del servicio”.

Repollés insistió en que “ha hecho lo que tenía que hacer” ante las incidencias registradas en el servicio de ambulancias en los últimos meses y ha indicado que “todos los ciudadanos estarán atendidos con un servicio de calidad con la licitación de un nuevo contrato”. Ha recordado que en diciembre y enero la bajas conllevaron la desactivación de recursos y motivó también la apertura de sanciones a la empresa adjudicataria, Acciona, por el “incumplimiento del contrato que firmó”. La consejera ha reconocido que se han producido incidencias “graves” que “han afectado al servicio, a la calidad y a la asistencia”. Ha recordado que, desde 2018, estaba pendiente de firmar el convenio laboral y en abril de 2021 “se convocó por la parte social una huelga indefinida”, que ya se ha levantado. Esto motivó, ha dicho, que el clima empeorase, sobre todo a finales del año pasado. En estos meses se produjeron “muchos actos vandálicos”, como 27 pinchazos en las ruedas, retirada o inutilización de matrículas, pintadas en vehículos y bases, aumento de averías… Todos estos hechos fueron denunciados por la gerencia del 061 Aragón ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “No solo provocan daños materiales, sino que afectan a la prestación servicio e influyen en tiempos de respuesta, derivando activación de recursos”, indicó.

A los actos vandálicos se añade, además, el abstensismo laboral, “bajas que la empresa no ha cubierto”. “Se ha elevado propuesta de sanción por inactivaciones de recursos, especialmente en diciembre y enero”. En este sentido, solo en bajas no cubiertas, relató que el pasado mes de junio se produjo 1; en agosto, 2; en septiembre, 2; en octubre, 1; en noviembre, 2; en diciembre, 97; y en enero, 106.

La solución, apuntó en las Cortes, fue el “lanzamiento del anuncio de nueva licitación. Ese día se firmó el convenio laboral”. El nuevo pliego “estará mejor dotado en términos de personal y material”, al mismo tiempo que recordó que “aún no son definitivos”. “Ningún municipio va a perder lo que tiene, sino que van a mejorar. Todos estarán muy satisfechos con el nuevo modelo y mucho mejor atendidos con el nuevo contrato, que aporta calidad y equidad”. Hasta el 17 febrero las sanciones se pusieron por “superación del tiempo de vehículos y por incumplimiento del compromiso de la adscripción de medios personales”.

La diputada socialista Olvido Moratinos añadió, por su parte, que “en ningún caso el Departamento ha mirado hacia otro lado” y  “nunca se ha culpabilizado a los trabajadores”, al mismo tiempo que destacó que “se está trabajando para mejorar el servicio con un aumento de 20 millones de euros en los nuevos pliegos”. La portavoz popular de Sanidad, Ana Marín, criticó que la consejera esté “echando balones fuera” apuntando como causa del problema “al absentismo laboral de los profesionales”, y se ha preguntado si el pliego de condiciones del nuevo contrato “está redactado o no” y si “es normal que el Gobierno consienta lo que ha ocurrido”. Desde Podemos, Itxaso Cabrera, apostó por la internalización, para sostener la calidad del servicio en todo el territorio y para las condiciones laborales, porque “no se puede permitir una reducción de los servicios básicos”. Recordó que el 061 y el Departamento de Sanidad no tienen competencias en el transporte sanitario, “pero tienen responsabilidades en velar para que los contratos se cumplan”. En representación de CHA, Isabel Lasobras ha puesto en valor el trabajo de los profesionales del transporte sanitario, ante un servicio “que ha tenido carencias y ha sufrido incumplimientos” por parte de las empresas “que siempre pujan a la baja y así es muy difícil dar un buen servicio porque buscan el rédito económico”.

Santiago Morón, portavoz de Vox, ha afirmado que ante los incumplimientos del contrato, el Departamento de Sanidad “ha tardado en reaccionar, lo que ha producido un deterioro significativo del servicio en los últimos meses” y ha criticado la retirada “de quince vehículos de transporte”. Por parte del PAR, su diputada Esther Peirat, ha afirmado que “hay que pensar que el modelo a adoptar en este servicio puede ser la internalización”, con la realización previa de un estudio exacto de este servicio, “porque la realidad de Aragón es singular y hace que la prestación de este servicio sea especial”. El diputado de Izquierda Unida ha dicho que la consejera “siempre se escuda en la externalización del servicio para no asumir su responsabilidad” porque en el fondo “se lavan las manos”, y ha pedido transparencia en el nuevo pliego de contratación. 

Instan a modificar los pliegos

La Comisión de Sanidad insta al Gobierno de Aragón a modificar los pliegos de condiciones y mantener todas las ambulancias que prestan servicio en el medio rural, y que todas ellas sean de soporte vital. La proposición no de ley del Partido Popular ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto del PSOE, que había presentado una enmienda que no ha sido aceptada. Lo que sí que ha incluido la iniciativa ha sido una enmienda in voce de Izquierda Unida que ha sido recogida en el texto. 

La diputada popular Ana Marín comenzó su intervención modificando su iniciativa para pedir la conversión de las ambulancias convencionales en soporte vital y recordó que “alcaldes y concejales de la mayoría de los 731 municipios de Aragón, de todos los partidos, se han sumado a este reivindicación porque es una cuestión de dignidad, respeto y equidad”.

Por otra parte, la Comisión de Sanidad ha rechazado, con los votos en contra de los grupos que apoyan al Gobierno (PSOE, Podemos, CHA e IU) y de IU, y el voto a favor de PP, Ciudadanos y Vox, una iniciativa del grupo popular para la suspensión de la convocatoria de movilidad voluntaria de los profesionales de Enfermería.