Cambiar el verbo "podrán" por el "deberán" pagar en plazo. Esa es la cláusula social que la presidenta de Cepyme Zaragoza, María Jesús Lorente, ha pedido al Gobierno que introduzca para hacer cumplir la ley de la morosidad y que las administraciones públicas y las grandes empresas no sigan ahogando a las pequeñas y medianas empresas con el retraso en los pagos ya que por axfisia financiera han desaparecido 4.000 pymes en la comunidad y de no actuar, ha advertido, se perderán muchas más tras dos años de pandemia.  

Igual que en el acceso a los contratos públicos del Estado figura que las empresas que no cumplan con la ley de igualdad no podrán acceder, esta organización empresarial pide que se haga lo mismo y generalice la exigencia en los pliegos de contratación la justificación del efectivo pago a las subcontratas como condición inexcusable y previa al pago del precio público a la empresa contratada.

Lorente ha incidido en que en este momento hay 88.602 empresas en Aragón, de las que 84.000 son autónomos, es decir, sin asalariados y microempresas con menos de diez trabajadores hay 37.000, 3.400 son pequeñas, medianas son 590 y grandes solo 117. "Ese es el tejido empresarial que tenemos", ha dicho la presidenta de Cepyme Zaragoza. "Cuando una administración o gran empresa retrasa la fecha del pago a su subcontratista la está ahogando, machacando o acabando de rematar", ha dicho de manera muy gráfica , para pedir que de una  vez por todas la Administración sea la primera en cumplir con la ley de morosidad.

"Los paganos siempre son las pymes", ha dicho. La ley de morosidad establece que el pago sea en 60 días, pero la mayoría lo supera. Sin embargo,  ha señalado Lorente, "si cogemos las 35 empresas del Ibex vemos que lo triplican que están pagando a 180 días y todo esto lo trasladan a las pymes que han de acudir a los bancos para financiarse con lo cual no compiten en igualdad de condiciones". Tampoco, ha añadido, la mayoría de ayuntamientos (entre los que ha exceptuado al de Zaragoza que sí lo hace ) está cumpliendo con el pago a 60 días. 

Cepyme ha hecho una estimación a nivel nacional de lo que estos retrasos suponen y sale la suma de 200 millones que las pymes tienen que pedir a los bancos para sobrevivir. "La media está", ha indicado, en los 63,50 días lo que la administración tarda en pagar, si bien hay 96 ayuntamientos en España que suman una deuda de 213 millones de euros con pymes y autónomos y que de promedio tardan más de 365 días en pagar las facturas pendientes. 

"El roto o agujero en la financiación que causan a las pymes" es difícilmente soportable, ha señalado la presidenta de Cepyme Zaragoza, quien ha reclamado cambiar el artículo 217 de la ley de la morosidad para que las administraciones pidan a las empresas que les enseñen que han pagado a las subcontratas antes de poder optar a un concurso público. "Pido que hagan lo mismo que con la formación que hasta que las empresas no demuestran que han pagado a los formadores o empresas pequeñas no liquidan con la Administración".