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tribunales 

Un empresario acusa a sus dos socios de una estafa de 118.000 euros en la venta de un solar

La Fiscalía pidió ayer un total de ocho años de cárcel para la pareja, que negó los cargos y defendió la legalidad de la operación

Los acusados de la estafa y delito societario, ayer en el juicio de la Audiencia de Zaragoza.
Los acusados de la estafa y delito societario, ayer en el juicio de la Audiencia de Zaragoza.
Toni Galán

La Audiencia de Zaragoza juzgó ayer a un matrimonio integrado por Ignacio G. U. y Cristina D. M. N. por haber vendido un solar de 136 metros en Zaragoza por 118.000 euros y no compartir los beneficios con su socio de la compañía mercantil AMG Comercializadora, que tenía el 50% de la misma. El fiscal y la acusación particular, a cargo del letrado Alejandro Uriel, reclamaron un total de ocho años de cárcel para la pareja por un delito societario y otro de estafa.

El acusado no prestó declaración ante el tribunal alegando que hace poco sufrió un ictus y se lo había recomendado su abogado defensor. Una forense manifestó que esta dolencia le causó ciertos olvidos y lagunas, pero agregó que «puede declarar», si bien advirtió que se enfada cuando escucha algo que no le gusta. Y parecía una premonición, ya que minutos después ocurrió eso mismo.

Cuando el socio que denunció los hechos prestaba declaración sobre los hechos, el acusado le interrumpió dos veces y el presidente de la Audiencia Provincial, Alfonso Ballestín, optó por sacarlo de la sala durante el testimonio del afectado para evitar más interrupciones y comentarios.

El socio detalló que era arquitecto y participaba en un 50% de la empresa AMG Comercializadora con 251 participaciones de las 500 del capital social. Agregó que el acusado Ignacio G. U. no le comunicó que había vendido el solar de la calle Navas de Tolosa, en el barrio de Delicias, donde él pensaba hacer una promoción inmobilaria tras la adquisición, y no le dio su parte de la venta.

Relación de confianza

«Tenía una relación de confianza y personal con él», manifestó el perjudicado sobre su comunicación con el acusado, quien le había facilitado su amplio despacho en la calle Gran Vía número 30 porque era su socio y asesor fiscal. «Yo soy arquitecto, no abogado. Firmé proyectos, pero nada sobre las participaciones de la empresa», agregó el denunciante.

El perjudicado manifestó que ignoraba que la acusada María Cristina D. M. N. cesó como administradora de la empresa y, al mismo tiempo, fue nombrado su cónyuge en ese puesto, que le permitió ingresar el dinero de la venta del solar sin que hiciera concurso del negocio el socio.

El denunciante precisó que remitió un burofax a la acusada el 4 de octubre de 2018 como administradora única de la sociedad para que convocara una junta porque estaba haciendo gestiones para comprar el solar.

Al final, se informó a través del Borme que ella había dejado el puesto en mayo de ese año y su marido fue nombrado el administrador único. El perjudicado señaló que eso le facilitó vender el solar en octubre de ese año.

La acusada manifestó que había sido administradora de la compañía (fue nombrada en febrero de 2017), pero lo abandonó porque consideraba que no tenía que estar en ese puesto. Pero cuando le preguntaron sobre la adquisición del solar en el barrio de Delicias, que era el punto más delicado del juicio, contestaba con «suposiciones». En ese momento, el presidente del tribunal le incidió a ella para que respondiera «si lo sabía o no». Eso le llevó a la acusada a contestar varias veces: «Lo desconozco».

Además, la acusada recalcó que su marido había puesto el dinero para la adquisición del terreno de su parte de la sociedad. Indicó que después le cesaron a ella como administradora en una junta y nombraron al acusado Ignacio G. U.

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