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Opinión

Conflicto entre poderes

OPINIÓNACTUALIZADA 12/12/2021 A LAS 05:00
Petición del pasaporte covid a la entrada del Teatro Principal de Zaragoza.
Petición del pasaporte covid a la entrada del Teatro Principal de Zaragoza.
Guillermo Mestre

En un nuevo capítulo de las abiertas diferencias que marcan la relación entre el Gobierno de Aragón y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) este órgano judicial decidió este sábado admitir la medida cautelarísima solicitada por una asociación y dejar en suspenso la orden por la que el Gobierno regional ampliaba el uso del pasaporte covid. Con esta medida, amparada en el deseo del TSJA de escuchar a las partes antes de tomar una decisión definitiva, parece que se estuviera dirimiendo no solo una cuestión procedimental sino los límites de los papeles constitucionalmente asignados a los poderes ejecutivo y judicial.

Sin demasiadas dudas se alcanza a advertir una lucha de poder que, pretendida o encontrada, entorpece la batalla sanitaria que debe desplegarse contra la pandemia. La aplicación de la medida cautelarísima, apoyada en el convencimiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de que la suspensión temporal de la ampliación adoptada por el Gobierno de Aragón no representa un perjuicio para el interés público, descubre un esperado choque de poderes. Después de que el Tribunal decidiera suspender el pasado día 3 de diciembre la exigencia del pasaporte covid para todo tipo de reuniones en hostelería, la DGA tomó el viernes una medida que, sin duda alguna, contravenía la decisión judicial previamente adoptada. Sin consulta previa, el Ejecutivo, a tenor del crecimiento de los casos, desoía lo ya dirimido, advirtiendo incluso de su deseo de extender el uso del salvoconducto más allá del 8 de enero. El TSJA, que decidió la fecha límite del pasaporte covid en un ejercicio que se entiende que correspondía al Ejecutivo aragonés, adopta ahora un especial protagonismo que busca devolver a los tribunales las últimas decisiones adoptadas por la clase política. De este modo, el Tribunal da tiempo a las partes, al Gobierno de Aragón y al Ministerio Fiscal para que aleguen contra la suspensión, aunque, en paralelo, se extiende entre los ciudadanos una severa falta de certidumbre ante qué medidas están en vigor. No cabe duda de que el escrupuloso cumplimiento de la legalidad debe acompañar siempre esta batalla necesaria contra la covid, pero todo lo ocurrido solo confirma que no existe un mínimo amparo normativo. Falta, en efecto, una ley nacional de pandemias que debería haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados hace ya tiempo y que hubiera servido como sostén necesario a las autonomías para poder acogerse a ella ante situaciones como la actual. 

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