La anulación del confinamiento domiciliario del primer estado de alarma por parte del Tribunal Constitucional ha supuesto empezar a dar carpetazo a todas las denuncias interpuestas entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 por saltarse las restricciones de movilidad. En todo el país sumaron 1,2 millones y en Aragón, más 32.200.

Y la Subdelegación del Gobierno en Huesca ha sido precisamente la primera de España en empezar a archivar estas multas. Concretamente, ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado dos resoluciones sobre la finalización y archivo de 108 procedimientos sancionadores. De ellos, casi la mitad (51) eran infractores de la provincia de Huesca, aunque también había 20 de Lérida, ocho de Barcelona y seis de Zaragoza. Además, la lista incluye a ciudadanos residentes en otras provincias como Gerona, Tarragona, Navarra, Vizcaya, Cantabria, Salamanca, León, Almería, Sevilla, La Rioja, Castellón, Alicante, Asturias o Murcia.

Todos ellos habían sido denunciados por una infracción grave del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana (desobediencia o la resistencia a la autoridad) y podían haber sido sancionados con multas de 300 euros como mínimo (150 en caso de pronto pago). Sin embargo, ahora han quedado anuladas todas estas multas impuestas en su día por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Unidad Adscrita y las Policías Locales de la provincia.

Además, desde la Subdelegación del Gobierno en Huesca informaron de que en los próximos días aparecerán en el BOE nuevas remesas de procedimientos en los que se archivarán todas las actuaciones. No obstante, aclararon que los supuestos penales derivados de estas infracciones sí seguirán adelante (por ejemplo, alguien que fue multado por circular sin causa justificada y luego se resistió y fue detenido).

Las mismas fuentes indicaron que se trata de un proceso administrativo "muy complejo" dado el gran volumen de denuncias, por lo que se está tratando de diseñar un mecanismo "ágil y uniforme" con la colaboración de los Ministerios de Interior, Hacienda y Política Territorial.

La decisión da cumplimiento a la sentencia dictada el pasado 14 de julio de 2021 por el Tribunal Constitucional, que estimó parcialmente ­–por seis votos contra cinco­– un recurso interpuesto por Vox contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

El fallo declaró que el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 para la gestión de la pandemia ocasionada por la covid-19 fue inconstitucional porque para ordenar el confinamiento domiciliario se tendría que haber declarado el estado de excepción.

Según el alto tribunal, se establecieron medidas que conllevaron la suspensión del derecho fundamental de libertad de circulación que consagra el artículo 19 de la Constitución sin contar con la previa autorización del Congreso de los Diputados.

En concreto, declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1,3 y 5 del artículo 7, que limitó durante unos meses la libertad de circulación de todos los españoles a una serie de actividades tasadas, como la compra de alimentos o el cuidado de mayores; restringió la circulación de vehículos particulares; y permitió al ministro del Interior cerrar la circulación en carreteras.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, las multas ya cobradas serán reintegradas por las tres subdelegaciones de Huesca, Zaragoza y Teruel, mientras que las que estaban en proceso se suspenderán. Ocurrirá en todos los casos y no solo en aquellos en los que se hubiera presentado recurso.

"Es lo razonable; evita tramitar expedientes abocados al fracaso"

Para José Antonio Sanz, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza, esta decisión era "lo razonable", ya que "evita destinar recursos humanos y económicos a tramitar expedientes abocados al fracaso". "Mantenerlos no respondía a los principios de una Administración eficaz. Solo se estaban generando retrasos y gastos. Además, los tribunales estaban imponiendo las costas a la Administración", explicó.

Todas estas sanciones, apuntó Sanz, se tramitaron por la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, un criterio "erróneo" que venía a equiparar cualquier infracción con una "desobediencia" a la autoridad, y no como un incumplimiento de la normativa sanitaria.

Juzgados de toda España también están anulando y ordenando la devolución de las multas abonadas, además de atender las solicitudes de suspensión cautelar de resoluciones pendientes.