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Más de 305.000 pensionistas y 95.000 funcionarios de Aragón cobrarán un 2% más en 2022

Hacienda confirma fondos extra para las comunidades y desvelará el miércoles la inversión del presupuesto estatal.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Efe

Los salarios de los 95.279 empleados públicos y las pagas de 305.000 pensionistas de Aragón subirán, al menos, un 2% el próximo año. Así se recoge en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022 que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y que iniciará a partir de ahora su tramitación parlamentaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no quiso adelantar ayer cómo se distribuirá por autonomías el dinero destinado a inversión, aseguró que el Gobierno "velará por la cohesión territorial y el cumplimiento de los estatutos de autonomía". Aunque todo dependerá de los apoyos que logren captar el PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante los presupuestos. El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez mirará, exclusivamente, a los socios de investidura, desdeñando cualquier tipo de negociación con el centroderecha.

A la espera de conocer el proyecto al completo, las cifras ofrecidas por la ministra de Hacienda confirman el compromiso que asumió a finales de julio, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de que se van a transferir a las comunidades 112.213 millones de euros en 2022 a cuenta del sistema de financiación autonómica, un 6,3 % más que en 2021.

La propuesta de PGE para el próximo año incluye 3.900 millones adicionales para financiar liquidaciones negativas de 2020, en las que los ingresos por tributos se desplomaron por la covid, y 3.100 millones para compensar el IVA devengado de 2017, de los que corresponderán a Aragón más de 80 millones de euros. También se realizará una aportación extraordinaria a las autonomías de 8.712 millones procedentes de fondos europeos, que se desconoce aún cómo se repartirá.

De los 95.279 empleados públicos de Aragón, los 21.090 que trabajan para la Administración General del Estado tendrán garantizada la subida del 2% en cuanto se aprueben las cuentas. Los 55.400 que trabajan para la Comunidad y los 18.775 de las administraciones locales tendrán que esperar a que en sus respectivas instituciones se aplique, como suele ser habitual, ese aumento.

El gasto en pensiones aumentará, a nivel nacional, un 4,8%, según ha dicho Montero, y a los 305.000 pensionistas aragoneses les aplicarán una subida en función del IPC medio registrado en el mes de noviembre, que estaría en torno al 2,3%. Las no contributivas crecerán en 2022 un 3%, que es el mismo porcentaje que se incrementará el Ingreso Mínimo Vital que perciben 8.103 aragoneses.

El proyecto de PGE destina 2.199 millones para becas en educación, y desde Justicia se reservarán ayudas para aspirantes a juez, fiscal o abogado del Estado. La Formación Profesional tendrá una inyección económica de 2.079 millones.

El Estado espera que la recaución aumente un 8,1%, sobre todo por el IRPF (6,7%), Sociedades (11,8%) y el IVA (9,5). Recibirá, además, 27.633 millones de euros de los fondos europeos, y destinará cuatro de cada diez a la industria y energía y a I+D+i y digitalización. El proyecto de PGE incluye 445 millones para incentivar el vehículo eléctrico y 435 millones para energías renovables.

Los socios de investidura

Para sacar adelante sus Presupuestos, el Gobierno confía repetir los apoyos que permitieron sacar adelante las cuentas de 2021. Entonces, a los 155 diputados del PSOE y Unidas Podemos el Gobierno sumó los votos de Esquerra Republicana (13 diputados), el PNV (6), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), el PRC (1) y Teruel Existe (1). No beneficia a Aragón que el Estado se tenga que apoyar en los independentistas y Compromís, que exigen una financiación autonómica basada en la población y no en el coste real de la prestación de servicios. El partido de Tomás Guitarte pedirá al Gobierno que retome el proyecto del Museo Etnológico de Teruel y que aplique las bonificaciones de costes laborales que ha autorizado la UE y que desde hace tiempo solicita la DGA.

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