No les ha gustado a los sindicatos que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, les comunique unilateralmente su intención de subir el sueldo a los funcionarios un 2% en 2022, dejando a un lado la negociación colectiva. Tal fue su contrariedad que Comisiones Obreras ni siquiera acudió a la reunión. Una subida mayor al 2% que garantice que mantienen el poder adquisitivo, un plan salarial plurianual y la eliminación total de las tasas de reposición son peticiones en las que coinciden los responsables de CC. OO., UGT y CSIF en el Gobierno de Aragón. Quieren, además, que el aumento que se apruebe para los funcionarios de la Administración General del Estado, que se reflejará en los presupuestos generales del próximo año, se aplique desde el 1 de enero en la Comunidad, con un coste extra para las arcas autonómicas de 60 millones de euros.

"Vemos que cambian los Gobiernos pero no las formas. Deben dejar margen para negociar", reprochó Francisco José González, secretario general de la sección sindical de CC. OO en la DGA. Por eso rechazaron que el Gobierno de Pedro Sánchez les "utilizara" para "hacer propaganda»" porque de ellos, dijo, "no tendrá aplausos por no congelarnos el sueldo". Se preguntó, en este sentido, para qué van a servir los fondos que España recibirá de la Unión Europea y que tienen por destino reforzar los servicios públicos.

A CC. OO., el 2% que ofrece Montero les parece "poco y mal". El sindicato aboga por que se plantee un aumento plurianual, como se hizo con el popular Cristóbal Montoro en 2018, con el que se alcanzó un acuerdo para tres años.

Denunció, además, que se anuncia una subida sin justificar por qué se opta por esa cantidad. Y sin ningún margen de maniobra. "No se puede negociar cuando te llaman un lunes para reunirte el martes", reprochó.

Aunque la propuesta de aumento de sueldo se produce en un momento complicado en el sector privado por culpa de la covid, González dice que "la situación económica es la que es" y hay gente a la que "se ha subido el sueldo porque no a todo el mundo le ha ido mal". Y en el caso de los funcionarios, dice, "cuando se pierde el poder adquisitivo pocas veces se recupera".

Alicia Hernández, secretaria general de la Federación de empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT en Aragón, reclama una propuesta plurianual que les permita recuperar el poder adquisitivo. "Con un 2% y el IPC al 4% somos los paganos de la situación", advirtió. Ve este aumento "insuficiente", y tampoco responde a sus expectativas las tasas de reposición de vacantes del 110%, que alcanzarán el 120% en sectores prioritarios como la sanidad y la educación. En su opinión, "no permitirá atajar la interinidad en la Administración", a pesar de que es una de las exigencias que fijó la UE.

Para José Carlos Pardillos, responsable del sector de Administración General en CSIF Aragón, la subida del 2% es "insuficiente" y se suma a la caída de poder adquisitivo que acumulan este año. Y llegó a cifrar la pérdida en 150 euros al mes. Consideró que no se ha tenido en cuenta que durante la crisis de la covid se ha salido adelante gracias a la "solidaridad" de los funcionarios, y consideran que la decisión unilateral de Montero es un "desprecio" a los sindicatos.

Al Gobierno aragonés le piden que el próximo año aplique la subida desde el 1 de enero, en lugar de reservar la masa salarial para "otras necesidades" y abonarla, como ocurrirá este año, en la nómina de octubre.